La fotografía de Juliana, que parece ver a los ojos de quien la mira, permanece sobre una mesa de madera en el centro de la misma sala donde esta niña, de 5 años, jugaba con las muñecas. Al pie hay una vela a medio consumir.

Es 29 de mayo y esta escena de funeral sigue intacta en la casa de Paula Mero, abuela de Juliana, ubicada en Anconcito, parroquia rural del cantón Salinas, en Santa Elena, un día después de que la niña fue sepultada. Realmente la sala permanece así desde la tarde del 12 de mayo último cuando sus familiares se enteraron de que la niña había desaparecido, cuenta Paula, quien desde ese día colocó la foto de su nieta con la esperanza de que volviera de su primer día de clases con la maleta que su padrastro le compró con lo que gana como pescador.

Pero nunca volvió. El tío de su padrastro, de 23 años, había ido a retirarla a la escuela fiscal Mercedes Moreno en José Luis Tamayo (Muey), una parroquia de Salinas, a eso de las 11:00, una hora antes del horario de salida. Luego la llevó a su casa, donde la violó, asesinó y después escondió el cadáver en el fondo de un pozo séptico vacío.

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Más tarde, ya por la noche del mismo 12 de mayo, rasgó con un cuchillo la mochila nueva lila sin dibujos, la falda azul y la camisa blanca de botones del uniforme de la niña para echarlo a la basura, al igual que reforzó la tapa del pozo séptico con piedras.

Estos detalles fueron conocidos por los familiares de la fallecida catorce días después de la desaparición de la niña, luego de que la Policía detuvo, el 25 de mayo último, al supuesto asesino. La profesora del aula en la que estudiaba Juliana lo reconoció y avisó a las autoridades. La maestra recordó al verlo que se trataba del mismo sujeto que fue a la escuela ese 12 de mayo y retiró a la niña diciendo que era quien le hacía el expreso. La diferencia es que el presunto asesino se había cortado el cabello, dejándose una cresta delgada.

Al día siguiente de su detención, el acusado contó los hechos en la Fiscalía. Se trataba de quien le hizo el expreso a Juliana en los últimos ocho días del año lectivo anterior. Que actuó bajo los efectos de las drogas, dijo el presunto responsable, según el fiscal Darwin Ramos, quien investiga el caso.

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Los familiares de la niña dicen que consumía hache, una mezcla de heroína con otras sustancias como anestésicos para animales, al igual que jóvenes en Anconcito que “sacan sus grifos a fumar delante de todos”, afirma David Rivas, tío de Juliana.

“Era estudiosa, curiosa”, cuenta David, de 20 años, junto a la foto. Diagonal a él está Daniela, de 14, su conviviente, quien dejó sus estudios para cuidar al bebé de ambos, ahora de un año.

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Christian, el padre biológico de Juliana, apenas la había visto con vida unas dos veces cuando la niña fue a visitarlo a la cárcel, donde purga una condena por fuga, luego de que había sido arrestado bajo la acusación de violar a una menor de 16 años. “Él tenía 18 y la chica quiso irse con él, pero igual lo denunciaron. Luego se fugó, conoció a July (madre de la niña), y cuando ya ella tenía dos meses de embarazo de Juliana lo volvieron a coger y lo condenaron por fuga”, dice Nely Rivas, tía abuela de la menor asesinada.

La muerte de Juliana ha sembrado miedo en los hogares de Anconcito, de Muey, en Salinas, y en los de los cantones vecinos La Libertad y Santa Elena, en la provincia homónima.

Cerca del mediodía, decenas de padres llegan a retirar a sus hijos a los planteles. Antes la práctica era incluso que los menores regresaran solos a sus casas, dice Pedro. “Ahora las vengo a ver y he dicho en la escuela que solo yo las retiro”, agrega este padre de familia de la misma escuela a la que iba Juliana.

En este plantel no hay un conserje ni un guardia en la puerta de acceso. Los padres que el viernes 29 de mayo esperaban a sus hijos dicen que tienen previsto contratar uno. La escena se repite en otros planteles, como en la escuela José Antonio García, en La Libertad. “Es la salida y no hay ningún policía”, indica César Maldonado, dirigente.

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Hólger Alfonzo, coordinador provincial de la ONG Plan Internacional en Santa Elena, afirma que el problema de la violencia y la inseguridad se agrava debido a que hay casos que no se registran porque las familias no denuncian los hechos.

Plan Internacional ha capacitado a líderes comunitarios para que desde hace cinco años trabajen en sus localidades para prevenir actos de violencia psicológica, física o sexual en las familias.

En Santa Elena se han creado 16 Mecanismos Comunitarios de Protección de Derechos. Cada uno de ellos maneja un promedio de diez casos al mes por violencia, negligencia, pensiones alimenticias, entre otros.

Con este plan se ha reconocido a posibles agresores, como hace ocho meses cuando una niña denunció al líder de su comunidad que un vecino le regalaba caramelos al salir de la escuela y que quería llevarla a su casa. Los padres de la menor y el dirigente comunitario denunciaron el caso a la Fiscalía y luego se descubrió que el mismo acusado, quien ahora está detenido, ya había sido denunciado por hostigamiento a menores de edad en la misma provincia.

Otro caso registrado hace cuatro años, cuenta Alfonzo, es el de una niña que fue abusada sexualmente cuando tenía 9 años por el conserje de la escuela fiscal donde estudiaba. La menor les contó a sus padres que él la violó en el interior de un aula en la que se quedaron tras terminar las clases. El individuo está en prisión, mientras que un docente fiscal acusado hace tres años de acosar a una niña de 11 años delante del resto de alumnos en plena aula está prófugo, afirma Leonardo Quirumbay, dirigente de la comuna de San Pablo.

Este Diario pidió a la dirección provincial del Consejo de la Judicatura (CJ), en Santa Elena, las estadísticas de los casos de violencia física y sexual que involucran a menores de edad. Vía e-mail, la encargada de comunicación de la entidad respondió que una funcionaria del CJ informó que “el Satje (sistema informático de trámite judicial) no diferencia a las personas víctimas de delitos por edad ni sexo, ni discapacidad, ni autoidentificación étnica”.

A los casos de violencia se suma el tema del embarazo adolescente, como el de Génesis, quien a sus 15 años tiene una bebé de un año. Ella vive en un barrio suburbano de La Libertad con su madre, Rosa, quien ya va en su tercer compromiso. “Acá parece natural que se vayan con marido”, dice esta madre sobre la situación de su hija. “No es por falta de consejo”.

Una investigación de Plan Internacional de mayo de 2014 indica que el embarazo adolescente llegó al 18,06%, en la provincia de Santa Elena. El promedio nacional fue de 18,10% en relación con el total de nacidos vivos.

“Esta situación hace que exista un alto índice de ausentismo en los colegios”, explica Alfonzo, lo que repercute en la terminación del bachillerato.

La investigación en mención señala que solo el 35,6% de la población de 19 años y más ha terminado el bachillerato en Santa Elena, porcentaje menor al promedio nacional de 45,2%. Entre las conclusiones del estudio se indica que “por la reciente creación de la provincia (en el 2007), existe muy poca información oficial, ni posibilidad de realizar comparaciones sobre los avances o retrocesos”.

Es 2 de junio en la casa de Paula Mero y la sala sigue igual. La diferencia es que la vela ya está consumida, al igual que la esperanza que tenía esta familia de que Juliana regresara. (I)

En Santa Elena hay 16 mecanismos comunitarios de protección creados para prevenir actos de violencia en las familias.