Aunque el proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización plantea cobrar impuesto a la ganancia extraordinaria de dueños de bienes inmuebles que han aprovechado “el incremento de precios, ocasionado por la intervención del Estado, a través de diferentes obras”, en la práctica estaría gravando sin discriminar que los bienes hayan subido de valor por efecto de otros factores, como la inversión privada.

Así lo mencionó, ayer, el asambleísta Luis Fernando Torres (Cambio PSC) al hacer un análisis del proyecto que llegó el lunes pasado a la Asamblea y que será incluido en el proyecto de Ley de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo, que ya fue tratado en primera instancia en el Legislativo.

Para Torres, muchos predios pueden ganar valor en el momento en que un centro comercial, cines, un hotel son colocados en diversas zonas, convirtiéndose en polos de comercio y mayor valor de la zona.

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En la misma línea, Pablo Arosemena, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, comentó que el proyecto de ley no considera la plusvalía ganada por inversiones privadas, por lo que el Gobierno y los municipios estarían cobrando impuestos también por una plusvalía que ellos no generaron.

Sobre el tema, el presidente Rafael Correa consideró que para hacer un desarrollo inmobiliario privado necesariamente hay la intervención del Estado, por ejemplo, al declarar un terreno que era rural a uso urbano. “Solo por esa decisión se puede hacer multimillonario a alguien (...). No es correcto permitir eso”, dijo.

Mientras, Miriam Sánchez, presidenta de la Asociación de Corredores de Bienes Raíces de Pichincha, cree que en la ley no se toma en cuenta que el ciudadano ya paga un valor en el impuesto predial por obras y mejoras.

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Además, que no se ha considerado que la clase media adquiere sus bienes a través de créditos lo cual encarece el costo. Si se hace por $ 30.000 durante 20 o 25 años de plazo, el valor termina duplicándose, dijo. Y si el ciudadano lo vende en el doble, solo estaría recuperando lo que pagó y no tendría ganancia extraordinaria.

Sostuvo que si se aprueba la ley, el mercado inmobiliario podría tener afectación en el sentido de que algunos propietarios se abstendrían de vender.

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Para Sánchez, el ciudadano se sentiría presionado por todos lados: si vende, debe pagar este impuesto; y si dona o hereda, también a través del tributo a las herencias que se tramita en la Asamblea, comentó.

Jaime Rumbea, director ejecutivo de Apive (gremio de promotores inmobiliarios), opinó que el Gobierno ha permitido acceso a vivienda a muchos ciudadanos y lamentó que los anuncios vayan en contra de los acuerdos para impulsar la casa de interés social y de interés público. (I)

Otros proyectos
LEY

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El asambleísta Luis Fernando Torres explicó que hace tres meses ya se trató una ley sobre la captura de la plusvalía inmobiliaria. En el proyecto sobre gobiernos autónomos que está en la Asamblea también se trató el tema. (I)

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