Tres voces del exterior –desde importantes espacios y nivel de influencia– volvieron a llamar la atención del Gobierno por la libertad de prensa. Esta semana se pronunciaron en ese sentido la subsecretaria de Estado de EE.UU. para el Hemisferio Occidental, Roberta Jacobson; el relator para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza, y el directorio de la Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias (WAN-IFRA).

Sus comentarios coinciden con una serie de sanciones impuestas a medios privados en el último mes por parte de la Superintendencia de Comunicación (Supercom).

La tarde del jueves, Jacobson escribió en Twitter (@WHAAsstSecty): “Llamado al gob. de #Ecuador para que respete la libertad de expresión y la #libertaddeprensa como derechos democráticos fundamentales”.

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El mensaje generó respuestas a favor y en contra del Gobierno en la misma red social. Entre ellas, el usuario @ZUEZmonitor recriminó a Jacobson por su “calidad moral” para su exhorto y le puso una notificación al presidente Rafael Correa (@MashiRafael).

El mandatario, se entiende que en referencia a la secretaria de Estado, respondió: “¡Ni sé ni de qué habla! ¿Será por sanción a TA por lucha libre en horario familiar? ¿Entenderá que Supercom es autónoma?”.

Con TA, se refiere a Teleamazonas, sancionado a inicios de semana a pagar cinco salarios básicos por transmitir un programa de lucha libre en horario familiar.

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La respuesta oficial la emitió ayer el Gobierno a través de un comunicado: “Ecuador rechaza las desatinadas expresiones” de Jacobson y “reitera que mantendrá firme su política de defensa de todos los derechos humanos en el marco de la igualdad, independencia e indivisibilidad de los mismos, entendiendo el derecho a la comunicación y a la información como un derecho integral y no como la defensa a los medios de comunicación hegemónicos”.

Y el régimen devuelve el llamado a Estados Unidos, pero para que ellos ratifiquen todos los instrumentos internacionales de derechos humanos.

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El canciller Ricardo Patiño agregó que el tuit es “ofensivo” para el Ecuador y que no tiene “calidad moral” porque (ese país) “irrespeta los derechos humanos permanentemente a la luz pública y en vivo en el mundo entero”.

En las últimas semanas han sido castigados también por la Supercom los diarios El Comercio (obligado a rectificar una información que tenía como respaldo varios documentos), La Hora (por no cubrir la rendición de cuentas del alcalde de Loja, Bolívar Castillo) y EL UNIVERSO (acusado por la Secom de no publicar réplicas con el diseño predeterminado, enviadas desde el Ejecutivo). Un caso similar ocurre con Expreso, por un reclamo del IESS. En todos estos casos, el argumento del titular de la Supercom, Carlos Ochoa, es la Ley de Comunicación, vigente desde el 2013.

“Hemos rectificado por iniciativa propia o a solicitud de parte interesada, pero ahora lo hacemos, conminados por una autoridad (NDLR: Supercom), que tiene mucho trecho que recorrer para convencer al país de su imparcialidad”, explicó en un artículo Darwin Massuh, editor general de El Comercio.

En una entrevista publicada por el sitio Infobae el 31 de mayo, el relator para la libertad de expresión de la CIDH, Edison Lanza, hizo una breve evaluación regional: “En algunos países se aplicaron leyes abiertas y desmedidas para intervenir en contenidos. Esto está pasando fuertemente en Ecuador, donde se aplicó la Ley de Comunicación, que ya había sido advertida sobre figuras perjudiciales para la libertad de expresión por permitir a un órgano de supervisión y control que no carece de independencia controlar a los medios e imponer información o sanciones desmedidas por el ejercicio legítimo de la libertad de expresión...”.

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Señaló, además, que existe una imposición de contenidos de interés del Gobierno a la prensa.

La WAN-IFRA, de su parte, rechazó la sistemática imposición de multas a los medios que no publican rectificaciones o noticias de “interés público”.

El martes 26 de mayo, en la presentación de un estudio sobre el cumplimiento de la Ley de Comunicación, el superintendente Ochoa reiteró sus intenciones de autonomía. “Este trabajo, sin duda, constituye un claro aporte para garantizar una auténtica libertad de expresión, que es la que aspira esta Superintendencia, no para un pequeño grupo, sino para los 16 millones de personas. Gracias Romel (Jurado, autor del estudio) por este trabajo, que algún día nos reconocerá la historia”. (I)

Se les impone a los medios informar determinado tema porque es de interés para el Gobierno”.Edison Lanza, CIDH