Hoy, la asambleísta Mae Montaño, de Creando Oportunidades (CREO), va a la Contraloría General para pedir a su titular, Carlos Pólit, que mediante examen especial se investiguen y contrasten las declaraciones patrimoniales juramentadas de la cúpula gubernamental.

El presidente Rafael Correa, el vicepresidente Jorge Glas, los ministros de Estado y “la alta cúpula del Gobierno” entran en el pedido que hace Montaño unas horas después de que el Consejo de Administración Legislativa (CAL), integrado por Alianza PAIS (AP) y sus aliados solicitaran un examen a los patrimonios de los asambleístas.

Lourdes Tibán (Pachakutik) insistió en que las declaraciones juramentadas rigen para todos los funcionarios y que las investigaciones deben hacerse a toda la administración pública.

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“Indicios (de corrupción) hay por todo lado, el problema es que cuando hacen con mentes lúcidas y manos limpias no dejan mucha huella, entonces, lo que hay que hacer es una investigación no solamente a las cuentas bancarias a nivel nacional, hay que revisar, en el caso de los asesores, de los ministros, cuentas en el exterior (...), la investigación debe ser desde el rango de conserje hasta el presidente”, agregó.

De Sociedad Patriótica (SP), Gilmar Gutiérrez sostuvo que debería pedirse una auditoría a todos los que han manejado fondos públicos en los ocho años de este Gobierno, aunque una fiscalización real solo se podría hacer “cuando recuperemos el Estado de derecho”.

En tanto, Wilson Chicaiza, otro asambleísta de CREO, pidió a la presidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira, que solicite a los legisladores publicar sus declaraciones de bienes en la web de la institución.

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Al acudir a la Contraloría para hacer el pedido, el pasado martes, Rivadeneira expresó: “Esta entrega la hacemos con el deseo de que sea un incentivo para que desde otras funciones del Estado, para que los funcionarios públicos, como parte de la ética política, podamos transparentar nuestras acciones de forma permanente”. (I)

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días tardaría el examen especial a las declaraciones patrimoniales de los legisladores.