La Fiscalía acusó a 39 militares de atentar supuestamente contra la seguridad interna del Estado, por la protesta realizada en el sector de La Recoleta, en el centro de Quito, durante la revuelta policial del 30 de septiembre del 2010.

En la audiencia, que comenzó el lunes y se extendió hasta el miércoles pasado, el fiscal Iván Ron se abstuvo de acusar a otras 50 personas a quienes, en enero pasado, se les inició una instrucción fiscal.

El reclamo de los uniformados se produjo en los exteriores del Ministerio de Defensa.

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Ahí se concentran las sedes del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y las comandancias del Ejército, la Marina y la Aviación.

Por eso, la Fiscalía considera que se puso en riesgo un bien estratégico del país, amenazando la seguridad estatal. Además de provocar la paralización de servicios como el sistema de transporte público.

En la audiencia, que se realizó de forma reservada, Ron presentó como elementos de convicción para su acusación pericias de audio y video, identificación de personas, versiones de testigos e información de tipo administrativo que fue proporcionada por el propio Ministerio de Defensa.

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En los próximos días, el juez Raúl Salgado emitirá su resolución oral para conocer a cuántas personas llama a juicio.

El delito citado está tipificado en el artículo 130 del Código Penal anterior y contempla una pena de cuatro a ocho años de reclusión mayor. (I)