Los cónyuges e hijos menores de edad formarán parte de los exámenes especiales que realizará la Contraloría General del Estado a las declaraciones juramentadas de los 137 asambleístas.

Estas fueron solicitadas por la directiva del Parlamento luego de que la exoficialista M. E. G. fuera acusada de un presunto delito de cohecho.

El contralor Carlos Pólit anunció el miércoles que se levantó el sigilo bancario de las cuentas de los legisladores y se ofició a los registradores de la propiedad, a la Agencia Nacional de Tránsitos, a las cooperativas de ahorro, para revisar los manejos financieros, así como al Servicio de Rentas Internas (SRI) para conocer la declaración de impuestos de los familiares. Esta investigación tomará, al menos, unos 40 días.

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“Solo que se encuentre en el camino un indicio de que hubo el manejo de un familiar sobre los fondos de este funcionario, será extensivo el examen especial a ese familiar o cualquier ciudadano que haya manejado fondos, porque eso constituiría un posible delito de testaferrismo”, aclaró la autoridad al final de un acto de rendición de cuentas de los vocales del Consejo de Participación Ciudadana (CPC), que se realizó en la Asamblea.

El legislador de PSC-Cambio, Luis Fernando Torres, cree que el proceso debe efectuarse a los familiares si existen sospechas fundamentadas, ya que existiría un “abuso del derecho, y la intimidad de personas que nada tienen que ver” en este caso. (I)