Se vinculó al régimen en el 2008 como asesor del Ministerio de Gobierno (ahora llamado del Interior) y desde entonces ha ido escalando.

Fue intendente de Policía del Guayas, parte de un comité del Ministerio de Desarrollo Social y el primer titular de una Secretaría Técnica creada por disposición del Ejecutivo.

Julio César Quiñónez, guayaquileño de 47 años y abogado de profesión, se convirtió el pasado jueves en el séptimo representante del presidente Rafael Correa en esta provincia.

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Ayer asumió su despacho, pero será posesionado como gobernador del Guayas la próxima semana, según se informó.

Quiñónez reemplaza a Rolando Panchana, quien renunció luego de sugerir un cambio en la sede donde el papa Francisco ofrecerá su misa en Guayaquil, en julio próximo.

El flamante gobernador, quien además es militante de Alianza PAIS (AP), ha desempeñado diversos cargos públicos en los últimos ocho años.

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Esto, a decir de la asambleísta Gina Godoy (AP), le ha permitido conocer el funcionamiento del Estado y establecer contactos en varios ministerios.

“Él asume con esa carta de ventaja; yo creo que él ha crecido”, apunta ella.

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Pero su trayectoria en el sector público ha recibido críticas de varios sectores, y ciertos órganos de control lo han investigado en determinados casos.

Esto último ocurrió en el 2010 y 2012, cuando la Fiscalía y la Contraloría, en su orden, presumieron de posibles actos irregulares cometidos en la época en que fue intendente.

La primera institución indagó un caso de presunta falsificación de boletas de excarcelación, y la segunda levantó un examen especial por denuncias de extorsión y coimas formuladas por dueños de bares.

Godoy remarca que dichas investigaciones “no arrojaron responsabilidades penales”, y que por ende en su gestión no hubo “afectación”.

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Quiñónez ocupó el cargo entre octubre del 2008 y abril del 2012. Hizo un ‘alto’ en el 2009 para ser candidato a asambleísta por AP; no ganó.

En el 2012, el presidente Correa le encargó un comité para que impulse lo que calificó de “guerra contra las invasiones”.

Dicha instancia luego se transformó en la Secretaría Técnica de la Prevención de Asentamientos Humanos Irregulares, que Quiñónez dirigió hasta el pasado jueves.

El activista Billy Navarrete afirma que algunos operativos de desalojos, a cargo de esa Secretaría, no han garantizado los derechos de los habitantes. Cita el de marzo pasado en la Isla Trinitaria, sur de la urbe. (I)