David Rosero, vocal del Consejo de Participación Ciudadana, asegura que la Policía Nacional lo detuvo el pasado lunes por impedir que el presidente de la Unión Nacional de Educadores (UNE) de Imbabura, Jaime Villacís, fuera detenido durante una asamblea que mantenían para discutir el traspaso de los dineros del Fondo del Magisterio al Banco del IESS. Este consejero está acusado por la Fiscalía de cometer el supuesto delito establecido en el artículo 283 del Código Penal (COIP) de atacar o resistirse con violencia o amenazas a los empleados públicos, que fija pena de prisión de uno a tres años. Él asegura que se trata de una “persecución política por pensar distinto”.

¿Estaba en ese evento por respaldo a su padre que también es profesor?
Mi padre es un profesor jubilado. Y estuve en esa asamblea por una invitación del magisterio, como he estado con las organizaciones sociales defendiendo los derechos de participación. Se dice que todas las decisiones del Estado deben ser con participación ciudadana, y en este caso nunca se consultó con los afiliados si quieren ser administrados por el Biess.

¿Tenía la Policía algún indicio de que algo distinto a los fondos se discutía ahí?
Es desproporcionada la acción policial. Y se discutía el futuro de los ahorros, de la educación.

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Usted ha dicho que hay una persecución política en su contra. ¿Qué elementos sustentan esta afirmación?
Porque el presidente (Rafael Correa) señala en sus sabatinas que no quiere infiltrados. Y por cómo actuó la Fiscalía. Eso genera una serie de acciones para acallar una voz crítica al Gobierno. Hay una falta de proporcionalidad al solicitar una pena. Yo no soy el primo del presidente; pero vamos a dar la cara, me defenderé con los videos donde se observa que soy detenido ilegalmente y agredido. Incluso, el parte policial señala que yo intervine para que no se detenga al presidente de la UNE, pero la Fiscalía de forma no correcta dice que realicé un ataque.

¿Tuvo usted una actitud violenta?
Lo que hice fue pedir que no se detuviera a las personas. Pero ¿quién puede creer que cinco ciudadanos se enfrenten a varias decenas de policías?, ¿qué pueden hacer frente a ese aparataje represivo? La gravedad del asunto radica en que la Fiscalía tiene que comprobar todo lo que ha dicho.

¿Cree que pueda terminar en la cárcel?
No hay elementos que justifiquen el delito que se pretende imputar. Y por eso estamos tranquilos, pero esperamos una imparcialidad de parte de la Fiscalía. Ellos deben demostrar sus afirmaciones, pues fácil es decir, pero otro es comprobar.

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En julio próximo estará en funciones el nuevo Consejo y dejará de ser vocal. ¿Está preparado para enfrentar la investigación?
Ahora, igual se atropellaron mis derechos humanos. Lo importante que nos llevamos es el respaldo que la gente nos ha demostrado, eso es lo que no se pierde. (I)