Por oponerse al ingreso de funcionarios del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) a la sede del Fondo de Cesantía del Magisterio Ecuatoriano (FCME), en Ibarra, el vocal del Consejo de Participación Ciudadana (CPC), David Rosero, y otras cuatro personas fueron detenidas ayer por la Policía.

El incidente se produjo la tarde de ayer. Los maestros partícipes del FCME se mantenían en vigilia para evitar el ingreso de los funcionarios del IESS desde la semana pasada. Cuando estos llegaron a la sede, mostrando los documentos que señalaban que la institución pasó al control del Seguro Social, se produjeron los incidentes con la fuerza pública.

Los otros detenidos son Jaime Villacís, presidente de la Unión Nacional de Educadores (UNE) de Imbabura, y los maestros Mario Landeta, Irene Ortiz y Roberto Villamar. Se encuentran en el Comando de Policía de la Región Norte.

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Ayer, la atención al público se retomó en Guayaquil, sede central del Fondo. Quienes acudieron a protestar por el manejo estatal, que rige desde la noche del 14 de mayo, fueron los primeros en tomar un tique para entrar y pedir información y revisar sus cuentas.

Son $ 405 millones los que al 2014 registraba ese Fondo de más de 120 mil maestros del país, y que pasaron a control del Banco del IESS. Esto, porque las autoridades alegan que auditorías externas revelan que sí hay dinero estatal en el FCME. La Unión Nacional de Educadores (UNE) lo niega y espera recibir hoy el informe del borrador de la auditoría por parte de la firma a cargo de ese análisis.

Pero el superintendente de Bancos, Christian Cruz, ayer dio la cifra: “Alrededor de $ 11 millones fueron aportes del Estado al Fondo de Cesantía del Magisterio”, indicó en el programa radial oficial Habla Guayas.

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En un comunicado se indica que ese valor “significó el 40% del déficit que esta organización tuvo en el 2000 y que fue cubierto por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Por ello, este Fondo pasó a ser administrado por el Banco del IESS y garantizará a los maestros rentabilidad en sus cuentas con informes transparentes de sus recursos”.

Mientras, el gerente del Biess, Patricio Chanabá, señaló en ese mismo espacio que a esta entidad le corresponde asumir la administración.

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“Habrá una reestructuración del Fondo para una administración eficiente y honrada”, dijo.

El viernes pasado, estas autoridades hablaron también de una evaluación al personal. Y eso genera incertidumbre dentro del FCME.

Para la secretaria general del Comité de Empresa de trabajadores del Fondo, Nadia Alvarado, se busca “disfrazar el despido intempestivo con una evaluación. Nosotros somos trabajadores del sector privado. Tenemos firmado un contrato colectivo”.

El viernes ingresaron un pliego de peticiones en el Ministerio de Relaciones Laborales y esta semana prevén plantear una acción de protección.

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Alvarado aseguró que en la oficina de Guayaquil hubo un despido, una ejecutiva financiera que laboraba a medio tiempo; y en Quito, ocho más.

Chanabá estuvo en la mañana en el Fondo. Personal allegado desmintió que se estén dando notificaciones de despido. (I)