El Ministerio del Trabajo dejará listo, antes de los seis meses de plazo que le da la ley, los límites a las brechas remunerativas entre los altos directivos y los trabajadores que menos ganen en una empresa, dijo en entrevista con este Diario el ministro Carlos Marx Carrasco.

Esta reforma al Código del Trabajo, introducida con la llamada Ley para la Justicia Laboral, no se aplicará por igual a todos. “(...) No es obligatorio hacer en la misma forma y para el universo de empresas. Lo haremos reflexiva y prudentemente por ramas, por sectores, por tamaños de empresa, etc.”, dijo.

También habló de la opción de revisar la edad de jubilación tras eliminarse el 40% del aporte estatal. 

Publicidad

El ministro del Trabajo, Carlos Marx Carrasco, defiende la llamada Ley de Justicia Laboral, cree que no tendrá efectos adversos, como recortes de nómina o menos plazas de empleo, y destaca el ingreso a la seguridad social de 1’200.000 amas de casa, que accederán a una pensión jubilar en 20 años. Aunque la Constitución (art. 369) señala que las prestaciones para quienes realizan trabajo doméstico no remunerado y tareas de cuidado se financiarán con aportes y contribuciones del Estado, en la ley se establece que el aporte lo pagará la familia (unidad familiar) y habrá un subsidio estatal del excedente de las utilidades de los empleados privados.

Usted ha dicho que antes del 2007 ni el Gobierno ni el Estado se interesaron por los trabajadores, ¿concluir eso, más allá de lo que han hecho ciertos gobiernos y el Estado como tal, no es desconocer las conquistas de los trabajadores en un siglo?
Obviamente que el derecho del trabajo en el mundo ha evolucionado. Y acá, a partir de 1938, cuando se dicta el Código del Trabajo, se incorporan algunas conquistas universales en beneficio de los trabajadores. La declaración a la que yo hago relación se refiere al cuarto de siglo de gobiernos neoliberales, desde principios de los años 80 hasta el 2005. A esos 25 años me refiero que, en general, los gobiernos ni se ocuparon ni se preocuparon y más bien en algunos casos las conquistas resultantes de la lucha histórica del movimiento de los trabajadores, del movimiento obrero, dieron marcha atrás. Por ejemplo, la flexibilización laboral, la tercerización, políticas salariales, diría, castigadoras de las remuneraciones que merecen los trabajadores. Un desconocimiento de la existencia de tantos grupos vulnerables… todo pretendiendo privatizar.

Se destaca la eliminación de la tercerización; sin embargo, en el sector público el Estado mantiene una figura: la de externalización, con la que se contrata a personas que laboran sin relación de dependencia. Dirigentes refieren que habría unos 120 mil funcionarios públicos bajo contratos ocasionales.
Sobre la externalización de servicios lo que dice es que se pueden contratar servicios. Los de seguridad y guardianía, de alimentación, de limpieza, por ejemplo, se pueden contratar, puesto que la naturaleza de la institución, de la empresa no es aquella; entonces, si acá contrato una empresa para que limpie los vidrios, eso se puede, lo que no puede darse el lujo un ministerio, una empresa pública es tener limpiadores de vidrios para que hagan la limpieza una vez al mes.

Publicidad

Para los trabajadores en general, mucho de lo que falta es que se cumpla lo que sí está escrito en los códigos y reglamentos. Trabajadores en el agro, negocios pequeños o empresas medianas continúan recibiendo pagas por debajo de lo que establecen las leyes.
Es verdad que todavía no se ha conseguido todo, estamos precisamente con ese compromiso y avanzando a paso acelerado. El compromiso que queda, primero, es profundizar con el diseño de políticas de trabajo y empleo que sean eficaces; en segundo lugar, queremos incorporar de manera inclusiva a la economía a la sociedad, a todos los trabajadores. Somos partidarios no solo de los derechos de los trabajadores, sino de los derechos de la ciudadanía laboral, y existe un enorme porcentaje de la población laboral que trabaja de manera independiente y autónoma. Una parte de esa actividad está en lo que se llama la informalidad. Queremos abrir la puerta de la seguridad social, que es la que permite mejorar las condiciones objetivas de trabajo (...). Y, por supuesto, también que todos cumplamos con la Constitución y las leyes, entre ellas, aquellas que tienen que ver con el respeto de los derechos legales de los trabajadores en materia remunerativa.

¿Qué pasa en el agro, donde no se pagan horas extras o no tienen seguridad social? ¿Qué ha hecho la autoridad de control ante esto?
Hay que reconocer la complejidad del trabajo, reconocer la magnitud del problema en el sector rural. En el sector agropecuario es donde con más frecuencia se pueden presentar estos casos, puede haber incluso situaciones familiares: una pequeña finca en donde no hay los salarios mínimos, no hay afiliación, tampoco RUC. No queremos convertirnos en un ministerio que persiga. Queremos ser el ministerio amigable que acompaña. Acompaña para que se generen empleos productivos y todos cumplan la ley.

Publicidad

Según el INEC, en marzo pasado, el 52% de la población tenía empleo ‘inadecuado’ porque ganaba menos del salario básico ($ 354) o laboraba menos de las 40 horas semanales, y el 58,6% tenía un empleo informal. ¿De qué forma ayudará la reforma a mejorar esas condiciones? Analistas consideran que vuelve más rígida la relación laboral.
Se da cuenta, de todo hay en la viña del Señor. Mientras por un lado qué bueno que hay estabilidad y se reclama estabilidad, por otro lado las visiones neoliberales dicen ‘volvamos a la flexibilización’. Nuestro gobierno cree que el derecho al trabajo es el derecho humano fundamental; trabajo a secas no, trabajo digno, y uno de los factores de la dignidad es la estabilidad. Sobre ese dato del 58% de informalidad, hay que bajarle los 16 puntos por ese error metodológico al que hacía referencia (en el cálculo del INEC, según dijo) y también hay que tomar en cuenta que el trabajo en condiciones adecuadas supera al trabajo en condiciones no adecuadas, que el subempleo está en el 13%, el 13% es el dato a la fecha que señala, y el desempleo es el más bajo de la región y probablemente el más bajo de nuestra historia: 3,84%, al mes de marzo.

Pero el desempleo también refleja que hay expectativa de encontrar un empleo. En Ecuador muchos de la PEA que responden que no están buscando empleo (condición para ser considerado desempleado), sin tenerlo y quererlo, porque ya ni siquiera tienen la esperanza de encontrarlo; han optado por la informalidad.
Lo que pasa es que había que reconceptualizar estas categorías. Si yo tengo ocho horas de trabajo y tengo un sueldo razonable, pero me preguntan ‘quiere trabajar más’ y digo que sí, me ponen como subempleado. Si ganando bien le digo ‘quisiera ganar más’, me ponen como subempleado, por eso la recategorización en términos de ‘adecuado’ e ‘inadecuado’. Pero yo creo que pretender que en un país como el nuestro, en ocho años, hayamos resuelto el 100% de problemas, eso no está en la mira absolutamente de nadie.

La Cámara de Comercio de Guayaquil plantea la capitalización individual de los aportes de los afiliados al IESS como opción ante la eliminación del aporte del 40% de las pensiones que hizo la reforma laboral. Con ello el afiliado escoge en qué administradora colocar su dinero. ¿No es una opción?
Imposible, nuestro gobierno no es privatizador, es socialista, y defenderemos con todo lo que se pueda entregar el carácter social, colectivo de la seguridad social. Yo sé que ya intentan volver los privatizadores, nuestro gobierno no es partidario ni de feriados ni de privatizaciones.

Pero al dejar el Estado de pagar un monto obligatorio, ya no se cumpliría, de forma fija, la figura tripartita constitucional (trabajadores, patronos, Estado); por tanto, serían fondos, básicamente, privados. ¿Obligarlos a asumir el peso de la solidaridad a los afiliados no sería una especie de impuesto?
Cuando estaba el 40% ahí no era impuesto y ahora que no está, es impuesto; no tiene nada que ver, en el mundo eso se llama contribución para la seguridad social. Y no es verdad que no haya aportes del Estado. ¿Si conoce quién paga el Seguro Social Campesino? El Estado. ¿Sí conoce quién va a pagar una parte del aseguramiento de las amas de casa? ¿Sí sabe quién pagará en un futuro cercano una parte del aseguramiento de trabajadores autónomos? El Estado. De manera que haya solo fondos privados no es verdad. Y, por último, el hecho de que conste que el Estado garantizará con la cantidad que falte... por Dios, el castellano es tan claro. Habrá aportes del Estado. En la ley debió ponerse aportará hasta con el 100% de conformidad con las necesidades financieras del IESS. Si se ponía eso, el efecto era exactamente el mismo que ahora que se dice garantizará.

Publicidad

Pero el presidente Correa ha dicho que el IESS debe ser capaz de autofinanciarse, ¿qué garantía hay de la garantía de la que habla la nueva ley?
Ah, pero por supuesto, cree usted que como se considera un saco roto, un tonel sin fondo, el IESS no tiene que ser eficiente. Pero claro, lo que está diciendo el presidente es que el IESS tiene que ser eficiente. Y ahora sí lo es, en el pasado la reserva actuarial del IESS, ¿sabe cuánto tenía de rentabilidad? Prácticamente cero. Hoy tiene una rentabilidad entre el 7% y 8%.

Informes actuariales determinan que los fondos alcanzarían para pagar pensiones durante los próximos 12 o 13 años y otros hablan de que hasta los 23 años; los actuales jubilados no serán los más afectados, sino quienes se jubilen en los próximos años, pues ante la falta del aporte estatal el IESS deberá consumir su fondo previsional. ¿Qué seguro es saludable sin un fondo?
...Convénzase, la garantía, la sostenibilidad del fondo es de 23 años sin hacer nada. Pero cambiando parámetros, de pronto aumentando la edad para la jubilación, por ejemplo. Seamos conscientes, la esperanza de vida ha aumentado significativamente, ¿habrá que mantener aquello intocado? Esa es la pregunta. (I)

Logros laborales
Entre 1979 y 2006

1979-1980
Durante el gobierno de Jaime Roldós se fija la jornada de trabajo en 40 horas semanales y se aplica el pago del decimoquinto sueldo. En 1980 el salario mínimo aumenta en 100%: de 2.000 a 4.000 sucres.

1981-1982
En el gobierno de Osvaldo Hurtado, la Cámara Nacional de Representantes expide la Ley de Extensión del Seguro Social Campesino. En 1982 se otorga el pago de los décimos tercero y cuarto sueldos, fijados en 1962 y 1968, a los profesores fiscales.

2001
Se aprueba la Ley de Seguridad Social, que establece el pago estatal por las atenciones de salud de los jubilados y las enfermedades catastróficas. Ratifica el aporte obligatorio del 40% para las pensiones.

2006
Durante el gobierno de Alfredo Palacio rige la Ley Reformatoria al Código de Trabajo, una iniciativa ciudadana aprobada en el 2005, que obliga a contratar a personas con discapacidad hasta llegar, en el 2011, al 4% de la nómina.