Personal de la Policía incursionó ayer en la urbanización de Petroecuador, ubicada en el sur de la ciudad de Esmeraldas, para hacer cumplir una supuesta orden de desalojo en contra de por lo menos 20 exempleados que ocupaban esas viviendas.

El 26 de enero del 2009, a 70 jubilados y extrabajadores la Intendencia de Policía les notificó que debían abandonar las viviendas, propiedad de Petroecuador. Días antes, ellos presentaron un juicio de prescripción adquisitiva de dominio hasta que Petroecuador les cancele supuestos pagos adeudados por concepto de liquidaciones y jubilaciones.

Daniel Silva, abogado de los extrabajadores, dijo ayer que el “desalojo” debía darse por orden judicial y que, aparentemente, esta vino “desde un ministerio”. En los exteriores de la urbanización no hubo alguna autoridad que diera una versión oficial de lo que ocurría.

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Policías armados se colocaron en ambas puertas de acceso a la urbanización e impidieron el ingreso de periodistas de medios de comunicación, mientras que desde el interior las familias afectadas pedían la presencia de los comunicadores.

Extrabajadores petroleros afirmaron que en el operativo también habrían participado militares.

Uno de los desalojados, Cristóbal Zambrano, contó que policías y militares habrían impedido que sus familiares ingresaran a la urbanización para ayudarle a sacar sus pertenencias. “Voy a dejar mis cosas donde unos vecinos”, dijo. Los autos de las familias también podrían ser retirados de los predios, según otro afectado. (I)