Entre los 14 proyectos del presidente Rafael Correa y los tres proyectos de asambleístas de Alianza PAIS (AP) presentados y aprobados en los primeros dos años del actual periodo legislativo que se cumplen el próximo jueves, el oficialismo suma 17 leyes vigentes, mientras que ni un solo proyecto de la oposición ha llegado a convertirse en norma.

Las cifras surgen de la contabilización de los 112 proyectos presentados a la Asamblea desde mayo del 2013 hasta abril del 2015. De este total, 44 son del oficialismo, 53 de la oposición y los 15 proyectos restantes de otras instituciones estatales y de otras bancadas legislativas.

Los 44 proyectos del oficialismo se dividen en 23 proyectos enviados por Correa y 21 presentados por asambleístas de AP. Los estados de estos son: “presentados”, es decir, que todavía no son calificados; “en proceso”, que significa que han sido remitidos a una comisión legislativa para su trámite, y los “aprobados”. El calificativo está en la web de la Asamblea.

Publicidad

En tanto, desde la oposición, 30 (varios de estos repetidos y vueltos a presentar) son de CREO, 11 de Sociedad Patriótica, 6 del PSC, 5 de Pachakutik, 1 de Ramiro Aguilar (antes de SUMA), sumando 53 proyectos presentados o en proceso.

Aunque varias de las iniciativas de la oposición ya han sido archivadas o tienen informe para primer debate de archivo, otros no han pasado la calificación de la Unidad de Técnica Legislativa y han sido vueltos a presentar o reposan en las comisiones, el portal de la Asamblea los pone como “presentado” o “en proceso”.

Virgilio Hernández (AP) defiende que la mayoría de la iniciativa legislativa sea del Ejecutivo porque en esa Función está concentrada “la tecnocracia y la experticia”. Sin embargo, asegura que ya en la Asamblea esas leyes cambian “sustancialmente”, y que no hay una sola ley desde el 2007 que con el veto regrese a su versión original.

Publicidad

Respecto a los proyectos de la oposición que han ido al archivo, Hernández dice que varios incumplen con el artículo 135 de la Constitución, según el cual solo el presidente podrá presentar normas y que creen, modifiquen o supriman impuestos, aumenten el gasto público o modifiquen la división político administrativa del país; otros no son reformas integrales, sino cambios en uno o dos artículos y, en resumen, “habría que ver cuántos han presentado y de qué calidad son”.

Pero en la oposición, CREO considera que la Asamblea con la mayoría de Alianza PAIS (AP) es una extensión de la Presidencia, incluso Mae Montaño señala que existe un “modus operandi” para desechar los proyectos de ley enviados por esta organización.

Publicidad

Montaño habla de cuatro pasos: el primero es el análisis en la Unidad Técnica Legislativa de los proyectos para revisar su constitucionalidad, esta se ha vuelto un “escollo” por sus varios intentos de “boicotearlos” para que no lleguen al Consejo de Administración Legislativa o lleguen “desgastados”.

El segundo paso, dice, es en la comisión: bajo el argumento de la “socialización”, el proyecto permanece mucho tiempo guardado y con esporádicos espacios para recibir a ciudadanos que hablen sobre el mismo y así varios textos ya van más de un año calendario.

El tercer paso, expresa Montaño, es que “sin mediar razón, en un día cualquiera”, el proyecto borrador de informe para primer debate sugiriendo el archivo es presentado y aprobado, “sin el menor intento de mejorarlo, reformarlo...” y así llega al Pleno, cumpliéndose el cuarto paso que es el archivo sin que se dé un debate previo.

“Con la mayoría ‘trituradora’ que AP mantiene, cuando se trata de un proyecto enviado por la oposición y por CREO, en particular, la votación se da de inmediato con el consiguiente archivo de ley... “, agrega.

Publicidad

María Cristina Kronfle (PSC-MG) también reclama por lo que ocurre con su proyecto de reforma a la Ley de Discapacidades en la Comisión de Salud, presentado en enero del 2014 que tiene informe para primer debate, pero que hasta ahora no es puesto en el orden del día.

A propósito del primer debate en el Pleno del proyecto de Ley de Prevención de Drogas, de autoría de Carlos Velasco (AP), Kronfle señala que existen proyectos en la Comisión que datan inclusive del periodo pasado que aún no han sido evacuados, pero esta iniciativa ya pasó el primer debate.

Tres oficialistas en primer periodo

Presidenta
Gabriela Rivadeneira

Representación
Asambleísta nacional. Lideró lista de AP y fue candidata más votada. Nació en Quito, vivió en Otavalo.

Primera vicepresidenta
Rosana Alvarado

Representación
Asambleísta por Azuay. Forma parte de las mesas de Derechos Colectivos y de enmiendas.

Segunda Vicepresidenta
Marcela Aguiñaga

Representación
Asambleísta nacional, miembro de mesas de Justicia y de enmiendas. Directora de AP en Guayas.

Otras normas en vigor eran del periodo anterior
Las catorce leyes restantes que entraron en vigencia en este periodo legislativo corresponden a periodos anteriores en los que AP no tenía la mayoría suficiente para aprobar ciertas normativas como la Ley de Recursos Hídricos, el Código Orgánico Integral Penal y la Ley Orgánica de Comunicación.

Varias de ellas eran mandatos constitucionales que debían cumplirse al año de vigencia la Constitución del 2008, aprobada en la Constituyente.

Entre las deudas que mantiene el oficialismo con su propio proyecto y agenda legislativa están los proyectos de Ley de Culturas que en dos años no ha continuado su trámite y aprobación en el pleno o el Código de Salud que no tiene ni siquiera informe para primer debate y el único proyecto que existe al respecto registra su fecha de presentación en el 2012.

El año pasado, la agenda legislativa de AP fue anunciada con 23 leyes. Aprobaron 15, pero solo 8 correspondían a ella. Para este año, AP ofrece la aprobación de 32, incluyendo varias de las que quedaron pendientes en el 2014. (I)