La capitalización individual de los aportes de los afiliados de la seguridad social es la medida que los empresarios de la Cámara de Comercio de Guayaquil (CCG) plantean como opción ante la aprobación de la Ley de Justicia Laboral y la eliminación del aporte del 40% de las pensiones jubilares.

Así lo estableció en primera instancia Juan Carlos Díaz-Granados, director ejecutivo de la CCG, ayer, en una rueda de prensa. La idea fue secundada por el presidente del gremio, Pablo Arosemena.

Díaz-Granados explicó que en ese tipo de sistema los afiliados escogen en qué administradora de fondos de pensión (AFP) colocar su dinero.

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Mientras, en Quito, la delegación de Pichincha del Consejo Nacional Electoral (CNE) notificará entre hoy y el viernes a 8 asambleístas provinciales de AP, el pedido de revocatoria de su mandato, solicitado por Blasco Peñaherrera, presidente de la Cámara de Comercio de Quito, la semana pasada, por haber votado a favor de la Ley de Justicia Laboral.

Así lo informó ayer Patricio Domínguez, director de ese organismo. Explicó que una vez entregada la documentación, los asambleístas tendrán 7 días hábiles para responder al pedido de revocatoria.

El argumento de Peñaherrera para hacer la petición fue que con los votos de los legisladores se aprobó la ley, lo que provocó un incumplimiento en el artículo 371 de la Constitución, porque “elimina la obligación de proveer anualmente fondos para la jubilación”.(I)