El presunto robo de un volquete, en septiembre del 2014, dio paso a una serie de cuestionamientos de cinco concejales de Balzar en contra del alcalde Cirilo González, de quien piden la remoción del cargo.

La Contraloría General del Estado ha recibido cuatro quejas: una por el carro pesado y tres más supuestamente por una deuda patronal a la seguridad social, sobrecontratación de personal e irregular contrato de obras públicas.

El concejal Andrés Aguayo, ex MG y ahora independiente, presentó los reclamos el 25 de marzo pasado, a vísperas de que la Controlaría, dentro de su rol como ente de control, emprenda una auditoría –planificada– a la administración de Cirilo González, del extinto PRE.

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La labor de los delegados de Contraloría en el Municipio de Balzar empezó el 6 de abril y, con el propósito de atender el requerimiento de Aguayo, Dolores Martínez, subcontralora subrogante, dispuso que se modifique “el alcance del examen especial planificado”.

Según un oficio suscrito por Martínez, el 24 de abril, la Contraloría revisa “los ingresos de gestión, gastos relacionados a la adquisición de bienes, servicios, consultoría y remuneraciones, y análisis de denuncias” en el periodo comprendido entre el 1 de octubre del 2011 y el 31 de marzo del 2015. Y en el segundo semestre de este año realizará “un examen especial de ingeniería en relación a los procesos de contratación y ejecución de obras”.

González desestimó los cuestionamientos de los ediles y aseguró no estar preocupado por la intervención de la Contraloría. Dijo que el volquete fue robado y que la Fiscalía investiga el caso. Contrario a la aseveración de Aguayo, afirmó que el carro sí tenía seguro.

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El proceso de remoción del cargo se sustenta en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización (Cootad). Según este, la Comisión (municipal) de Mesa, de tres miembros: alcalde (presidente), vicealcalde y un concejal, debe conocer la solicitud. Pero ahí el trámite quedó trunco por la necesaria excusa del funcionario cuestionado.

El vicealcalde Emilio González, hijo de Cirilo y presidente subrogante en la mesa, consideró que ni la Comisión ni el Concejo están facultados para nombrar un reemplazo. Y propuso que la Procuraduría, ante lo que estimó “una laguna legal”, dé directrices al respecto.

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Entrevistados por Radio Aries, el 27 de marzo pasado, los ediles Leontes Zambrano, Patricia Macías y Betsy Loor, los tres de PAIS; más Rudely Limones y Aguayo, ambos independientes, expusieron su postura en contra de González. Este ejerció su derecho a la réplica el 30. Ambos espacios duraron una hora y media. La nómina de ediles la completa el vicealcalde González y Estefanía Macías, ambos del extinto PRE.

Aguayo aseguró que poseía pruebas de que el Alcalde desoyó la indicación de Auditoría Interna de que codifique la maquinaria pesada, de que se contrató personal en exceso, adjudicó obras de manera irregular, entre otros señalamientos.

González desacreditó al edil. Dijo que no era delito permitir que inversionistas construyan vías y que luego, al cumplirse el trámite con Compras Públicas, puedan cobrar por la obra. Habló de iniciar juicios penales luego de que concluya la intervención de la Contraloría. (I)

Cootad
Proceso de remoción

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Algunas causales, art. 333
Haberse dictado en su contra sentencia ejecutoriada por cualquier tipo de delito; ausentarse del cargo por más de tres días hábiles sin haberlo encargado a quien lo subrogue legalmente y sin causa justificada; despilfarro o malos manejos de fondos (...), cuya inversión o empleo sea de su competencia, legal.

El Cootad nos dice que primero hay que presentar la denuncia, ya está presentada, las pruebas, adjuntadas (...). Él tendría que demostrar que las instituciones a las que pedí información están equivocadas”.Andrés Aguayo Vargas, concejal de Balzar