Entrevista con Raúl Muñoz, Director Ejecutivo del Comité Nacional de Límites Internos (Conali).

El 16 de abril concluyó el plazo legal para que las provincias definan sus límites, y según Raúl Muñoz, director ejecutivo del Comité Nacional de Límites Internos, se detectaron 746 conflictos territoriales: 22 provinciales, 171 cantonales y 553 parroquiales. Aún están 71 en proceso de acuerdo. De este número deben resolverse 12 delimitaciones provinciales, 33 cantonales y 26 parroquiales. El organismo trabaja en un informe sobre estos casos para encontrar una solución, ya sea por arbitraje territorial, resolución institucional o consulta popular, que será entregado al presidente Rafael Correa.

¿Cuál fue el factor principal por el que no se resolvieron los conflictos?
Son varias las razones. Pero la fundamental y la que no permite que los resuelvan es la población. Como ejemplo, en el caso de Imbabura con Pichincha, el límite referencial está desde hace 40 años y nadie reclamó y así estaba funcionando, y así inclusive el Ministerio de Finanzas estaba entregando los recursos a los gobiernos locales. Pero ahora que se establece la fijación de límites, aparecen estos temas de que hay la comunidad Chupa que tiene afinidad hacia Otavalo y no al Distrito Metropolitano de Quito. En la investigación social que hemos hecho, la gente manifiesta que la obra, los servicios, están dados por Imbabura. Entonces dice ‘queremos ser de Imbabura’ y esto hizo que los gobiernos locales no lo resolvieran por la vía amistosa. Y la resolución podría ser un juicio o una consulta popular, porque el arbitraje exige que las dos partes estén de acuerdo.

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¿Creen que la mejor solución para resolver los conflictos es la consulta popular, justamente por ese sentido de pertenencia?
Puede ser un criterio válido, sin embargo, será el presidente de la República el que decida. Pero sí podría ser, al existir una población que tiene el sentido de pertenencia a una provincia y desde los límites referenciales está en otra, probablemente sea la consulta.

¿Esto se trabajará en conjunto con el Consejo Nacional Electoral (CNE)?
El momento en el que el presidente decida que se resolverá un conflicto por consulta popular, hay un procedimiento establecido en el que se remitirá a la Corte Constitucional la pregunta. Hasta tanto el Comité Nacional de Límites ha tomado contacto con el CNE y le entrega el área territorial en la que se hará la consulta; en esas áreas el CNE debe levantar el censo electoral para elaborar el padrón, que solo voten quienes efectivamente viven ahí, no le van a hacer la consulta a los de la parroquia colindante.

¿Y cómo se determinará la población?
Hemos hecho un trabajo de campo, tenemos la información de por qué no se resolvió el conflicto y la población que mayoritariamente tiene ese sentimiento, y ya se sabe más o menos las comunidades.

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¿Cuándo se presentará este informe al mandatario?
Estamos a la espera de que nos indiquen, porque ya solicitamos el taller.

¿Qué sanciones les esperan a las autoridades locales que no lograron?
La ley establece la revocatoria de mandato. Es decir que los gobiernos autónomos que no resolvieron los conflictos, sus representantes, están en causal de revocatoria de mandato.

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¿Una vez que se resolvió, el presidente tiene que emitir leyes específicas para cada caso?
Con ley serán solo los temas provinciales y cantonales; los parroquiales se definirán con ordenanzas, que son la mayoría: 553. De todas maneras, estamos hablando de 171 leyes para cantones y 22 para parroquias. Según entiendo, se enviará un paquete de leyes a la Asamblea. (I)