El representante legal de un grupo de perjudicados por el cierre de la cooperativa Coopera, Gustavo Quito, fue detenido a las 19:30 del jueves pasado tras realizar un plantón afuera de la casa de los padres de la secretaria del movimiento Alianza PAIS (AP), Doris Soliz.

No obstante, el abogado recuperó su libertad cerca de la 01:30 de ayer, una vez que Carlos Guzmán, juez de la Unidad de Flagrancias, no encontró razones para que continúe apresado. Se lo acusaba de presunto escándalo en la vía pública.

Según el gobernador del Azuay, Leonardo Berrezueta (AP), Quito y otros 30 acompañantes se ubicaron en la acera del frente de la casa de la dirigente y colocaron pancartas.

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Cuando la Policía llegó, agregó, encontró a estas personas gritando improperios en su contra. “’Devuelve la plata’, ‘ladrona’ y otro tipo de agresiones que no se pueden permitir”, dijo el funcionario, quien rechazó la decisión del juez.

El gobernador ordenó resguardo policial tanto para ese domicilio como para el de la ministra de Inclusión Económica y Social, Betty Tola, donde se realizó una protesta similar la semana anterior.

Quito aseguró que no se injurió a nadie y que solo se solicitaba una audiencia con Soliz.

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La dirigente protestó por el hecho a través de Twitter, cerca de la medianoche del jueves. Anunció que pedirá una investigación contra los manifestantes a los que llamó “cobardes, instigadores y agresores”.

Quito recordó que el cierre de Coopera se dio cuando Soliz era ministra y Tola subsecretaria; y que ninguna cumplió son su trabajo de controlar las entidades financieras a su cargo. (I)