Maderas recicladas, cañas viejas y plásticos regalados toman forman de vetustas covachas desde la noche del pasado miércoles en la cooperativa Mélida Toral, en la isla Trinitaria, al sur de la ciudad, en la misma zona donde el pasado 27 de marzo la Secretaría Técnica de Asentamientos Humanos Irregulares desalojó a 32 familias establecidas junto al estero, en un área de reserva natural.

Dos camas y un televisor amueblan nuevamente la casa que levanta Carlos León, donde antes residía y administraba una iglesia que también fue demolida.

León cuenta que el martes pasado, cuando visitaron un terreno en Monte Sinaí donde supuestamente se los reubicaría, les incomodó el hecho de que el lugar “tendría un dueño”.

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“Primero creíamos que nos iban a dar ese terreno, pero no ha sido un terreno seguro, el terreno tiene dueño y hay más gente que está peleando por ese terreno”, comenta León, quien se dedica a reparar televisores y mantiene a cinco hijos.

Las estructuras que se han vuelto a levantar en el sector pertenecen a quince personas que dicen haber permanecido durante tres semanas en las instalaciones de un CAMI municipal. La mayoría, refiere, decidieron retornar al sector porque el lugar donde quieren reubicarlos “no es propio”.

“El dueño dice que tiene papeles. Él dice que ha rellenado y ha hecho préstamos. Nosotros nos ponemos a pensar... sale este gobierno y ¿a dónde vamos nosotros? El dueño pelea, nos saca y nosotros ¿a dónde vamos?”, cuestiona León.

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Según alegan los moradores, personal del Ministerio de Vivienda les propuso el pago de una entrada de $ 482 y mensualidades de $ 46 por un periodo de 20 años por una casa de caña que se construiría en la zona de Monte Sinaí.

En la cooperativa, Walter Moreira residía junto a su familia desde hace 8 años. Actualmente su camioneta del 78, que le permite hacer fletes en el sector, lo acompaña en la espera de encontrar una solución.

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“Para prestar allá nos quedamos con nuestra villas preciosas de acá que las hacemos con nuestras propias manos”, dice Moreira, quien ha recibido la ayuda de un amigo para guardar sus enseres.

Carlos Suárez, otro morador, acepta que el terreno propuesto es seguro, pero no le convence la propuesta porque cree que no sería propio. Además, teme que al ir a otro lugar sus hijos tengan inconvenientes en su educación porque ya están matriculados en la isla Trinitaria.

Asimismo, dice, no tener los ingresos suficientes para el transporte de sus tres hijos. “Si me ponen allá donde ellos nos iban a situar (Monte Sinaí), imagínese, el ida y vuelta para traerlos y llevarlos hasta que se dé el traspaso”, recalca.

En el CAMI, donde aún están 11 familias desalojadas, Kevin Espinel y Vanessa Vizueta, su esposa, dicen estar desesperados porque en principio había un acuerdo para pagar la entrada de su casa en un mayor plazo. “Primero nos dijeron que era 480 dólares y nos iban a dar seis meses de plazo, pero ayer (jueves) llegaron y nos dijeron que en 15 días teníamos que tener 220 dólares para pagar en dos pagos eso no podemos cubrir”, asegura Espinel. (I)

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15
personas construyeron estructuras temporales en la zona.

Datos
Consulta

Ministerio
Este Diario realizó una consulta al Ministerio de Vivienda (Miduvi) sobre la aparente propuesta ofrecida a los moradores, pero hasta el cierre de este edición no hubo respuesta.