QUITO

Mañana, el pleno de la Asamblea analizará en segundo y definitivo debate la Ley para la Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo del Hogar, que incluye reformas que cambian las reglas de juego para el financiamiento del IESS, las utilidades de los trabajadores, sindicalización y reformas en el pago de los décimos.

Mientras el oficialismo mantiene su postura de que se trata de un avance en materia laboral, desde la oposición se argumenta que en el proyecto hay temas que van en contra de los derechos de los trabajadores.

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La asambleísta Cristina Reyes (PSC) dijo que el proyecto mantiene una serie de reformas que afectarían los derechos de los trabajadores y que inobserva disposiciones de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), en el sentido de que debería ser producto de un consenso tripartito entre trabajadores, empleadores y Estado.

Recordó que en primera instancia, la Comisión estuvo encargada de promover un nuevo Código Laboral, que debía ser elaborado con varios aportes. Sin embargo, luego se presentó un anteproyecto por parte del Ministerio de Trabajo, que alarmó a los trabajadores.

La resistencia que generaron esas propuestas llevó a que el presidente Correa, en octubre, anunciara que se harían “reformas puntuales”, las que presentó en noviembre pasado.

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El asambleísta Fausto Cayambe (AP), de la Comisión de Derechos de los Trabajadores, defendió las reformas indicando que está enfocada en derechos: despido ineficaz a dirigentes sindicales y mujeres embarazadas; afiliación a amas de casa, entre otros.

Sobre uno de los ajustes más importantes, que las pensiones jubilares se incrementen en base a la inflación y ya no en base a una tabla que permitía el alza de hasta del 16 %, dijo que “es una recomendación que (se) hace en el informe actuarial del 2013. Además es una característica del incremento de pensiones a nivel mundial”, sostuvo.

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Édison Lima, representante de los jubilados, dijo que las reformas han generado una “profunda preocupación en los jubilados y sus familias”. Aseguró que se está atentando contra su vida digna y que no se consideran normas de la OIT.

Reyes dijo que no descarta una demanda de inconstitucionalidad por temas como el techo a las utilidades y el no pago del 40 % al IESS. (I)

Pensión atada a inflación
Según el proyecto, las pensiones jubilares se incrementarían al inicio de cada año en la misma proporción que la inflación promedio anual del año anterior, incluidas las pensiones mínimas y máximas. Esto será establecido por la entidad encargada de las estadísticas nacionales, es decir, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). 

Sin aporte fijo
Se plantea eliminar el aporte estatal del 40% para las pensiones jubilares. El Estado garantizaría el pago de las pensiones del Sistema de Seguridad Social, únicamente cuando el IESS no cuente con los recursos económicos para cubrir las obligaciones. En ese caso, se incorporará en el Presupuesto General del Estado los recursos respectivos. 

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Techo a las utilidades
El texto propone que las utilidades de los trabajadores no podrán exceder los 24 salarios básicos unificados del obrero en general. En el caso de que ese valor supere el monto señalado, el excedente sería entregado al régimen de prestaciones solidarias de la Seguridad Social. El ministerio del Trabajo emitiría los acuerdos para la aplicación. 

Décimos a pedido
Los trabajadores podrían escoger si la décima tercera remuneración o bono navideño o la décima cuarta remuneración la recibirán de forma mensual o acumulada en los meses correspondientes. Según el proyecto de ley, los trabajadores deberán presentar un pedido escrito a sus empleadores para recibir esos valores de forma acumulada. 

Despido ineficaz
Se consideraría ineficaz el despido intempestivo de personas trabajadoras en estado de embarazo o asociado a su condición de gestación o maternidad. La misma regla sería aplicada para los dirigentes sindicales. 

Brechas salariales
Según la propuesta, el Ministerio del Trabajo, a través de un acuerdo ministerial, podría establecer límites a las brechas salariales entre la remuneración máxima de gerentes generales y la más baja percibida. 

Pensión de amas de casa
En caso de aprobarse la ley, el Consejo Directivo del IESS tendrá 60 días para determinar la prima de aportación que deberán hacer las amas de casa. Este sector de la población tendría derecho a recibir solo una pensión jubilar. 

Contratación temporal
El proyecto de ley se refiere a una contratación temporal en la ejecución de una obra o un servicio. Por ejemplo, desarrollo inmobiliario, proyectos de investigación. El Ministerio del Trabajo reglamentaría esa tipología de contrato. 

Utilidades no cobradas
Las utilidades no cobradas pasarían al Seguro Social. Esto se aplicaría en el caso de que el empleador haya agotado sus esfuerzos para entregar de forma directa las utilidades a sus trabajadores o ex trabajadores. 

Crítica al último proceso
El asambleísta Henry Llanes (CREO) anunció que hoy acudirá ante un notario para hacer una declaración juramentada de que él no pidió votación nominativa o razonada en el seno de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores.

La Comisión aprobó el jueves pasado el informe de segundo debate de la Ley para la Justicia Laboral.

Para Llanes, la presidenta de la Comisión, Betty Carrillo, le adjudicó un pedido que no hizo.

Tanto este tema como la falta de entrega del informe en el plazo de ley (24 horas) a los asambleístas constituyen faltas al procedimiento legislativo, dijo.

Por su parte, el asambleísta de Alianza PAIS Fausto Cayambe aseguró que se cumplió con la ley que señala que la convocatoria se haga con 24 horas de anticipación.

A decir de Cayambe, Llanes sí planteó una moción para el voto nominativo.