Japón ha destinado hasta ahora unos 590.000 millones de yenes (4.484 millones de euros o 4.956 millones de dólares) en desmantelar la central nuclear de Fukushima, un proceso que se alargará tres o cuatro décadas, según el informe de una auditoría del Gobierno nipón difundido hoy.

Desde el accidente nuclear causado por el tsunami y el terremoto de marzo de 2011, el Estado nipón y la propietaria de la central han gastado más de la mitad del presupuesto previsto para todo el proceso de desmantelamiento, indican las conclusiones del órgano de auditoría designado recogidas hoy por el diario Asahi.

Los diversos problemas y retrasos que han sufrido los trabajos y su complejidad técnica han disparado los costes del proyecto, cuya cuantía inicial fue estimada en un billón de yenes (7.600 millones de euros/8.400 millones de dólares) por la propietaria de la planta, Tokyo Electric Power (TEPCO).

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Entre las medidas más caras y que no dieron los resultados esperados destacan el sistema de tratamiento de líquido radiactivo, que ha funcionado de forma intermitente, y los tanques provisionales construidos para almacenar agua contaminada, que sufrieron diversas fugas antes de ser reemplazados por otros contenedores.

También se invirtió una cantidad considerable (40.700 millones de yenes) en un muro de hielo subterráneo para evitar que las filtraciones de agua contaminada procedentes de los reactores lleguen al mar, una medida que se puso en marcha el pasado julio y cuya viabilidad aún está en entredicho.

Del total del dinero gastado, unos 189.000 millones de yenes (1.436 millones de euros o 1.587 millones de dólares) procedían del Estado, que se comprometió a financiar el proceso de desmantelamiento con la condición de que TEPCO devolviera la cantidad más adelante.

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Además, el Gobierno se comprometió a prestar a TEPCO la mitad de los 9 billones de yenes (68.400 millones de euros o 75.600 millones de dólares) que le costará compensar a las víctimas del desastre nuclear y descontaminar las zonas próximas a la planta.

Debido a la duración a largo plazo de estos trabajos de descontaminación y desmantelamiento, el órgano de auditoría ha alertado sobre la dificultad de que las arcas públicas recuperen esta cantidad.

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En su informe, los auditores instan a TEPCO a reducir los costes del proceso y su peso sobre las cuentas estatales, y también destacan la necesidad de que la compañía mantenga su viabilidad económica para garantizar que podrá devolver los fondos públicos.

Por su parte, la compañía eléctrica intervenida por el Estado, confía en sanear sus cuentas y mejorar su valor de mercado con medidas como la reapertura de su planta de Kashiwazaki-Kariwa, la mayor central del mundo y que está a la espera del visto bueno de la Autoridad nipona de Regulación Nuclear (NRA). (I)