No contratar personal, ahorrar al consumir servicios básicos y otras restricciones como “usar las videoconferencias” –que “son gastos pequeños que van sumando, y que nos ponen en una disciplina”, según el secretario nacional de Planificación y Desarrollo, Pabel Muñoz– son parte de la austeridad a la que apunta el sector público.

Esto ante la reducción hecha en el presupuesto del Estado de $ 1.500 millones por la baja de los precios del petróleo.

La Secretaría de Gestión de la Política evitará, por ejemplo, la contratación de personal en los territorios. La subsecretaria de Participación, Mireya Cárdenas, comenta que en este año se decidió que los funcionarios de la planta (Quito) se movilicen a las provincias, pues se recortará personal en esos despachos. “El compromiso es trabajar más con menos. Hay que dejar los escritorios porque hay menos funcionarios”, indica.

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Mientras, la Contraloría General del Estado emitió una resolución completa para racionalizar gastos, como el uso de energía, telefonía, agua potable, los suministros, materiales de oficina y combustibles.

Se reducirán los servicios de televisión pagada y telefonía celular; los gastos por viáticos, subsistencias, movilizaciones y alimentación en el país; egresos por mantenimiento de bienes muebles e inmuebles o por la ejecución del plan de capacitación y formación.

También se debe racionalizar la impresión de documentos, fotocopias, folletos, cuadernos, revistas y publicaciones.

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La norma publicada el 5 de enero del 2015 suspendió las convocatorias a nuevos concursos para llenar vacantes; no se darán contratos de servicios ocasionales, profesionales, pasantías y contratos bajo el régimen del Código del Trabajo, por lo que quienes estén al frente de unidades administrativas deberán organizar su trabajo con el personal que cuenten.

Además, suspenden los gastos por horas suplementarias y extraordinarias; y la realización de las audiencias públicas programadas; se evitará la movilización de personal auditor a direcciones regionales; la compra de bienes y la contratación de obras y prestación de servicios incluidos los de consultoría; no se comprará tecnología ni habrá gastos para promoción y publicidad.

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Para el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Fernando Cedeño, la preocupación es a nivel de todas las instituciones que han “sufrido recortes muy sustanciales, importantes, que está impidiendo realmente desarrollar nuestros planes, nuestra planificación”.

Esa entidad redujo “viáticos, horas extras, suspensión de suscripciones de revistas y la televisión pagada, que ayudará a priorizar el gasto público”, indica Cedeño. (I)

Medidas
Menos presupuesto

Recorte laboral en CNE
El presidente del Consejo Nacional Electoral, Juan Pablo Pozo, anunció la reducción de la plantilla de 630 a 520, y el salario en un 10% para unos 80 funcionarios. Se ajustará la compra de bienes, equipos de mantenimiento y el personal en edificios arrendados irá a la planta. Se puso un límite a las horas suplementarias.

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Reducción decretada
Estas políticas se suman a la disminución salarial de entre el 5% y el 10% para 6.500 funcionarios que ocupan cargos en el nivel jerárquico superior, que estableció el presidente Rafael Correa, a través del Decreto 601 publicado a finales de febrero, con el que se pretende ahorrar $ 21 millones.