La declaratoria de EE.UU. de considerar a Venezuela una “amenaza nacional” ha generado que las Fuerzas Armadas de ese país latinoamericano refuercen su frontera.

El ministro de Defensa, Vladimir Padrino, informó ayer que ha dado instrucciones, en una guía de planeamiento desde el lunes, al estado mayor conjunto del Comando Estratégico Operacional (Ceofanb), para reforzar la vigilancia en toda la línea fronteriza occidental sur y oriental de Venezuela.

Durante las declaraciones, ofrecidas al término de un ejercicio militar defensivo en la fachada marítima del país caribeño, Padrino informó además que en el territorio venezolano se están realizando “otras acciones adicionales”, de las que no dio detalles.

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El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) que realice un ejercicio militar defensivo, que se inició el pasado 14 de marzo, para identificar los puntos de defensa y que al país suramericano “no lo toque nadie”.

Ayer empleados públicos de los sectores petrolero y eléctrico anunciaron una marcha en Caracas “antiimperialista” en respaldo a Maduro frente a las sanciones de EE.UU.

Panamá descartó que las tensiones entre EE.UU. y Venezuela alteren la agenda de la Cumbre de las Américas que se realizará en abril, dijo la vicecanciller María Luisa Navarro.

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Mientras, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó ayer medidas cautelares o de protección a favor de tres defensores de derechos humanos en Venezuela por considerar que están en riesgo “su vida e integridad personal”. Ellos son: Alfredo Romero y Luis Betancourt, integrantes de la ONG Foro Penal Venezolano (FPV), y Yoseth Colmenares, hermana de la coordinadora de una seccional regional de la organización.

El gobierno tiene diez días para informar al organismo la adopción de lo solicitado.

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Las medidas fueron planteadas el 6 de mayo del 2013 por el FPV, que auna a más de mil activistas y cien abogados venezolanos dan defensa en juicios a disidentes o ha presentado ante la justicia presuntos casos de tortura contra manifestantes.

La primera concesión de medidas cautelares se produjo el 3 de marzo, cuando la CIDH pidió a Venezuela que protegiera a dos estudiantes, Lorent Saleh y Gerardo Carrero, presos en un sótano conocido como “La tumba” en Caracas. Ayer se cumplieron los 15 días para que Venezuela respondiera.(I)

80
mil soldados y 20 mil civiles participan en ejercicios.