Opiniones divididas tienen algunos asambleístas oficialistas respecto al acuerdo de límites que firmaron los prefectos de Guayas y Azuay, Jimmy Jairala (AP-Centro Democrático) y Paúl Carrasco (Participa-Igualdad), el pasado martes, en el hotel Oro Verde de Machala.

El pacto puso fin a la disputa territorial que tenían las dos provincias por una superficie de 608 km², quedando pendiente 1 km² que corresponde al recinto Abdón Calderón, cuya pertenencia se decidirá mediante consulta popular.

Gina Godoy, asambleísta por Guayas, consideró que la suscripción del convenio es “un acto digno de aplaudir”.

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“Qué interesante es poder ser testigo de cómo se aplican y se utilizan las herramientas construidas en la norma desde el Legislativo”, dijo.

Su coideario Bairon Valle coincidió con esto y agregó que la firma es una decisión acertada de los prefectos, quienes “tomaron pleno asunto del tema y le dieron solución”.

Mientras que el asambleísta azuayo Diego Vintimilla consideró que es importante que se resuelvan los problemas limítrofes en el país, pero cree que en este caso la “forma y el procedimiento” para alcanzar el acuerdo “no ha sido el más adecuado” y aduce una “falta de socialización”.

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“Me parece muy extraño que se llegue a un acuerdo teniendo a toda la población de Molleturo (parroquia rural de Cuenca) en contra”, indicó Vintimilla.

El legislador también de Azuay, Oswaldo Larriva, tiene la misma postura e indicó que hoy se dirigirá a la Prefectura para solicitar información del acuerdo firmado. Él afirma que ya hizo ese pedido días antes.

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En el evento del pasado martes, tanto Jairala como Carrasco afirmaron que el convenio de límites fue difundido ampliamente entre las poblaciones afectadas. (I)

11 por ciento de las 752 controversias limítrofes a nivel nacional están resueltas, según datos del Conali.