Los acuerdos logrados ayer por el Consejo de la Judicatura (CJ) y un grupo de juristas que dicen ser miembros del directorio del Colegio de Abogados de Pichincha no cuentan con el respaldo de una parte del gremio y ya se habla de divisiones.

El martes el presidente del CJ, Gustavo Jalkh, anunció que se han aceptado varios pedidos formulados por este grupo que en enero decidió entablar diálogos, pese a que el presidente del colegio, José Alomía, y su vicepresidente, Ramiro García, han sido críticos del actual sistema de justicia y no fueron parte del anuncio.

Entre otras cosas, se acordó que durante 2015 seguirán funcionando los casilleros judiciales físicos paralelamente a los electrónicos. Esto porque varios abogados aún tienen problemas para adaptarse a la nueva tecnología.

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También se analiza la propuesta de que los abogados en libre ejercicio puedan ser contratados por la Defensoría Pública cuando esta los requiera y sean remunerados por sus servicios por esta entidad.

Además, Jalkh dispuso que las Direcciones del CJ adopten medidas para que los abogados puedan intervenir en las audiencias presentando su credencial del Foro de Abogados o de los colegios profesionales.

Para García este tipo de acercamientos con la Judicatura se podrían dar únicamente cuando se logre la independencia judicial, algo que todavía está pendiente, según su criterio.

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Estos acuerdos también fueron cuestionados ayer por Gonzalo Realpe, miembro del Colegio de Abogados, quien adelantó que no serán acogidos por la directiva.

El argumento es que dentro del grupo que se reunió con Jalkh ayer están varios funcionarios públicos “interesados en dividir al colegio”. “En este grupo hay apenas tres directores principales y los demás son suplentes. Los tres principales son dos jueces de lo penal y otro es empleado de la función judicial”, dijo Realpe.

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Esto fue reconocido por el Miguel Molina, quien dijo ser abogado de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, pero aseveró que entre los abiertos a dialogar también están abogados en libre ejercicio.

Por su parte, el abogado Carlos Iglesias dijo que este acercamiento al CJ no significa desconocer la presidencia de Alomía, sino realizar gestiones y tender puentes de diálogo por el bien del gremio de juristas. (I)