Desde el 2009, 58 mujeres enfrentan en el país procesos penales por el presunto delito de aborto. Los casos se habrían “triplicado” a partir de la discusión y aprobación del nuevo Código Orgánico Integral Penal (COIP)”, denunció el Frente Ecuatoriano para la Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos, una coalición de siete organizaciones que recogió esta información para incluirla en un informe alternativo que será expuesto el lunes próximo ante el Comité de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, en Ginebra.

Virginia Gómez de la Torre, presidenta de la Fundación Desafío, afirmó que “los médicos están violando el secreto profesional y están judicializando a las mujeres por presunto delito de aborto”.

En seis casos que documentó la coalición en Esmeraldas, Quito y Cuenca, se constató que se usó solo el testimonio del personal médico para procesar penalmente a las mujeres que llegaron con abortos en curso. “Las mujeres van al hospital a pedir ayuda porque están sangrando con embarazos de más de 22 semanas (...). En estos casos, el sistema de salud debe reportar un óbito (muerte) fetal. Los médicos llaman a la Policía, les toman una versión sin abogado, las interrogan antes del procedimiento médico y proceden como si fueran casos flagrantes y las llevan presas. Este es un trato cruel, inhumano y degradante”, afirmó Ana Cristina Vera, directora ejecutiva de la Fundación Surkuna.

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Vera contó que, en Esmeraldas, una mujer fue sentenciada a diez meses de prisión y para otra hubo arresto domiciliario.

El presidente de Federación Médica Ecuatoriana, Armando Salcedo, dijo desconocer sobre estos casos, pero admite que los galenos deben reportar si atienden a pacientes con abortos en curso porque de no hacerlo pueden ser acusados de mala práctica médica, también penalizada en el COIP. (I)