Contraloría sostiene que los ‘más observados’ respaldan enmienda

Los alcaldes del país tienen diferentes posturas sobre la enmienda a la Constitución que alcanza a la Contraloría General del Estado (CGE).

El control que dicho organismo ejerce incomoda a unos, mientras que otros lo apoyan.

Los municipios son las entidades estatales más observadas por la CGE, según su titular, Carlos Pólit, quien atribuye el pedido de enmienda a los reclamos de ese sector.

La propuesta, impulsada por Alianza PAIS (AP), plantea suprimir parte del articulado 211 y 212 de la Carta Política. Las frases a eliminar son: “y la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado” y “y gestiones (sujetas a control)”.

Es decir que eliminarían las auditorías de gestión.

Los representantes locales de AP y sus aliados explican por qué dichas expresiones están de más.

La alcaldesa de Durán (Guayas), Alexandra Arce, alega que la CGE solo es un organismo de control y “no de calificación”, pues esto último implica una “medición del rendimiento”.

Ella afirma que esta labor compete a cada Cabildo, y por eso dice estar de acuerdo con la supresión de los términos “la consecución de los objetivos”, en el artículo 211.

El alcalde de Santa Ana (Manabí), Fernando Cedeño (Avanza), afirma que borrar la palabra “gestiones” del artículo 212 es lo correcto, porque la institución rectora de tal aspecto es Senplades.

Opina que, a veces, siente la labor de la CGE “como una intromisión”, pues pide la misma información que Senplades.

“Hay duplicidad de esfuerzos”, apunta, al tiempo de aclarar que no rehúye a la vigilancia de los recursos públicos.

Él y Arce coinciden en que la Contraloría debería ceñir sus funciones a esto último, y remarcan que la enmienda no afectará tal atribución.

Dignatarios de otras tiendas políticas están en desacuerdo con la propuesta, si bien concuerdan en que a veces el organismo “se excede” en su control. Pero sugieren cambios.

El alcalde de Simón Bolívar (Guayas), Johnny Firmat (antes de CREO), asegura que es positivo que exista “una institución ajena al Municipio” que controle su gestión y las asignaciones presupuestarias.

“Es como un semáforo que le advierte a uno si debe tomar correctivos”, interpreta él.

El titular de Chinchipe (Zamora Chinchipe), Germán Pavón (PK), confiesa que alguna vez recibió observaciones (antes dirigió el Cabildo entre el 2000-2009), pero que presentó las justificaciones del caso y no fue sancionado.

El alcalde de Tena (Napo), Kléver Ron (CREO), cree que a veces el trabajo de la CGE incide en la autonomía municipal porque, por ejemplo, “se objeta” el uso de ciertos recursos “en favor” de los habitantes.

Cita el caso de las fiestas locales, y de la auditoría que recae sobre esos presupuestos.

Según Ron, no se observa a las “grandes ciudades” de la misma manera que a las pequeñas.

Por ello recomienda reformar la Ley de la Contraloría, y no aprobar la enmienda.

El representante de Portoviejo (Manabí), Agustín Casanova (SUMA), sugiere, en cambio, capacitar a los auditores.

Él considera que la institución “se excede” cuando “se fija en nimiedades”, como cuando ciertos funcionarios cuestionan el modelo de gestión local.

Pólit ha advertido que la enmienda limitará la labor de la Contraloría, y ha remarcado que el control de los recursos públicos y de la gestión estatal no pueden separarse.

Él ha informado que “los más observados” en el sector público son los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), y dentro de estos, los Cabildos.

Según la CGE, en el 2014 se realizaron 398 acciones de control a los GAD: 229 a los municipios, 146 a las juntas parroquiales y 23 a las prefecturas.

“No puede ser posible que se dé paso al pedido de quienes están incumpliendo en la administración publica”, reprochó Pólit en una entrevista con este Diario, en diciembre pasado.

Entonces, dedujo que los reclamos que ciertos alcaldes trasladaron a la Asamblea habrían motivado la enmienda.

EL UNIVERSO solicitó la versión del presidente de la Asociación de Municipalidades, Daniel Avecilla (AP), pero no fue concedida. (I)

Resoluciones
De destitución

Incremento
En el 2014 la Contraloría emitió 18 resoluciones de destitución de alcaldes, luego de realizar los respectivos exámenes. El total representa un aumento con relación a los seis años anteriores (ver arte).

Duplicidad
La institución precisó a este Diario que las acciones de control alcanzaron a 17 municipios (y no 18), porque uno recibió dos informes diferentes.

Apelaciones
Las destituciones no se han concretado en todos los casos porque algunos alcaldes han puesto recursos de apelación.