Las autoridades mexicanas tienen registro de al menos 194 casos de desapariciones forzadas, incluidos 43 estudiantes desaparecidos en septiembre en el sur del país y dados por muertos, informó este miércoles un alto funcionario.

"Esa cifra pudiera crecer en el análisis que estamos haciendo en la comisión de expediente por expediente", dijo uno de los integrantes de la comisión gubernamental de Atención a Víctimas, Julio Hernández Barros, a la cadena radiofónica Fórmula.

Hernández Barros dijo que hay "poca claridad de las cifras" porque en los registros de más de 22.000 personas desaparecidas en el país no están especificadas las causas. "No hay una estadística exacta", indicó.

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No obstante, "en la comisión ejecutiva tenemos exactamente 194 casos de personas vinculadas con la desaparición forzada" identificados. Se trata de casos en los que están involucradas autoridades, ya sea policías municipales, militares o cualquier otro funcionario.

México acaba de presentar en Ginebra su primer informe sobre este tema ante el Comité de las Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas, que emitirá sus conclusiones el 13 de febrero, pero no pudo dar un dato exacto de desapariciones forzadas.

En las sesiones de dos días, las autoridades mexicanas dijeron ante el comité que no se contaba con una base de datos completa ya que el registro incluye a las personas no localizadas en general, sin especificar en muchos casos la causa.

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43 estudiantes

Uno de los casos más sonados ha sido la desaparición de los 43 estudiantes el 26 de septiembre, después de ser detenidos por policías municipales y entregados a un grupo criminal que, según la fiscalía, los asesinó e incineró sus restos.

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No obstante, ninguno de los detenidos por ese caso está todavía acusado formalmente por desaparición forzada, sino que la acusación es por secuestro agravado por homicidio.

Hernández Barros afirmó que, para la comisión, el caso de los estudiantes de Ayotzinapa "sin ninguna duda reúne todos los requisitos de una desaparición forzada", ya que intervinieron policías.

La Procuraduría General de México prácticamente ha dado por cerradas las investigaciones de este caso, aunque sólo uno de los jóvenes ha podido ser identificado con análisis de ADN. Las familias rechazaron las conclusiones.

Para junio se espera que pueda aprobarse en México una ley general de desapariciones forzadas, con vigencia para todo el país, que permitiría hacer frente a este tema de manera unificada en las 32 entidades federativas.

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