El juez de Garantías Constitucionales Raúl Salgado, negó este viernes la acción de protección presentada por Luis Andrango, Romelio Gualán y Enrique Altamirano, miembros de la Comisión Promotora que presentó a la Asamblea el proyecto de Ley Orgánica de Tierras y Territorios y que fue el resultado de iniciativa popular con el respaldo de 40.000 firmas.

​La acción de protección buscaba frenar el tratamiento de la Ley de Tierras que se discute en el Asamblea y que es la suma de varios proyectos de Ley.

Al final de la audiencia, Gualán anunció que apelarán la decisión del juez porque "La lucha continúa".

Publicidad

Además que comunicarán los resultados a todas las organizaciones sociales e indígenas y analizarán argumentos para la Consuta Prelegislativa y pedir un mayor debate en la Comisión de Soberanía alimentaria y con la Secretaria de Gestión de la Política.

"Nos declaramos en asamblea permanente", anunció.

La Red Agraria considera que " se han cometido actos violatorios a los derechos y garantías constitucionales de los más de 40.000 firmantes que apoyan la iniciativa popular normativa de la Ley de Tierras que presentamos el 20 de marzo del 2012", señalan en un comunicado.

Publicidad

"Nuestro Proyecto de Ley Orgánica cumplió y cumple todos los requisitos a los que se refiere la Constitución, la Ley Orgánica de la Función Legislativa y la Ley Orgánica de Participación Ciudadana en lo que tiene que ver con la Iniciativa Popular Normativa, se cumplió con el respaldo de un número de firmas no inferior al 0.25 % de las personas inscritas en el registro electoral de la jurisdicción correspondiente, proceso que se realizó cumpliendo las disposiciones legales, luego de la revisión de los requisitos para la admisibilidad de la iniciativa popular normativa, el Consejo de Administración Legislativa CAL, el 7 de mayo del 2012, calificó el Proyecto de Ley, una vez que revisó el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad y se pronunció sobre la procedencia de la admisibilidad, por lo que en función del tiempo transcurrido debería entrar en vigencia, de no hacerlo se estaría violando de debido proceso", agrega el pronunciamiento.