El foro de ex asambleístas constituyentes que agrupa a 23 exlegisladores suscribió este miércoles un documento con el que insisten en la consulta popular para cambiar la Constitución y anuncian una demanda a la Corte Constitucional y Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La reunión de los exconstituyentes se realizó este miércoles en el edificio de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie). En ese escenario resolvieron realizar talleres y foros paralelos al proceso de socialización que realiza la comisión especializada de la Asamblea Nacional, y para ello el 2 de febrero se realizará el primer foro en Guayaquil, según lo anunció el exconstituyente, Jorge Escala.

En el manifiesto, los reunidos en la Conaie exigen a la Asamblea Nacional y a la Corte Constitucional una revisión de sus decisiones adoptadas, pues califican como ilegal haber escogido el camino de las enmiendas para reformar la Constitución.

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También exigen al Consejo Nacional Electoral y a la Corte que permitan que el pueblo se pronuncie en las urnas sobre las reformas; y hacen un llamado a las organizaciones democráticas y a la ciudadanía a unir esfuerzos para evitar que “sobrevenga un nuevo periodo de crisis de la democracia ecuatoriana”.

Betty Amores reveló que las acciones legales que se presentarán ante la Corte Constitucional será por haber violado el espíritu y el conjunto de debates que se dieron en la Asamblea Constituyente en torno a la alternancia del poder, por lo tanto, se presentará un recurso ante la misma institución que dio paso a que la Asamblea Nacional apruebe las enmiendas. 

Explicó que en el argumento central que emite la CC sobre las enmiendas constitucionales se señala que no hay problema de permitir la reelección indefinida porque en la Constitución del 2008 se eliminó el adjetivo “alternancia” en el ejercicio del poder ejecutivo, pero en el acta O64A, en una intervención que se hace en Montecristi en el segundo debate del artículo 1 se establece que la palabra “alternancia” debe permanecer porque es parte del ejercicio de la democracia, como principio fundamental de un estado democrático, por lo tanto, se prohibió la reelección indefinida, añadió.

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Advirtió que también existe un elemento suelto en la propuesta del gobierno sobre la comunicación como servicio público, pues en el debate de Montecristi se definió que no era servicio público, y este tipo de elementos no fueron tomados en cuenta por la Corte Constitucional, por lo tanto, dijo Amores la misma Corte debe revisar su pronunciamiento, así como haga un pronunciamiento extensivo a la resolución donde se determine si la Asamblea puede o no modificar los textos que están en la Asamblea sobre las enmiendas constitucionales.

Ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos se denunciará, añadió Amores, que el máximo organismo de justicia constitucional ecuatoriano que está en la obligación de hacer respetar la Constitución, así como el Ejecutivo y Legislativo han violado el mandato del pueblo ecuatoriano. (I)