La Superintendencia de Compañías verificará que la venta del 94,4% de las acciones del diario El Comercio de Quito a la empresa extranjera Telglovisión S.A., se realice bajo el marco legal ecuatoriano, anunció ayer el superintendente de Información y Comunicación, Carlos Ochoa.

Durante el taller ‘Ética versus raiting’, realizado por la Supercom, Ochoa adelantó que esta verificación será además para conocer “a quién se le está vendiendo” el medio de comunicación escrito.

“Yo como superintendente estoy esperando esa verificación para emitir cualquier criterio y tomar cualquier acción si es que me compete”, aclaró.

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En el mismo foro, Ochoa defendió la disolución de la empresa Editores Nacionales Gráficos Sociedad Anónima (Editogran S.A.) que durante cuatro años imprimió los diarios El Telégrafo y PP el Verdadero y la creación en su lugar de la Empresa Pública El Telégrafo EP y cuyo directorio se integrará por el secretario de Comunicación, que actualmente es Fernando Alvarado; el titular de Senplades, Pabel Muñoz; y un delegado del Ejecutivo que será Carlos Baca Mancheno, exmiembro de la Comisión que investigó la revuelta policial del 30 de septiembre del 2010.

“Solo es un cambio de membrete”, dijo Ochoa ante un cuestionamiento de por qué se permite que funcionarios de Gobierno integren el directorio de un medio ahora público.

Romel Jurado, coautor de la Ley de Comunicación y que acompañó ayer a Ochoa, se solidarizó con las familias de los periodistas del semanario francés Charlie Ebdo asesinados por extremistas islámicos y dijo que el tipo de ofensas como las de este medio “no deben ser respondidas con muerte. Esos son extremos del uso de la palabra cuando no se ha regulado a la comunicación”.

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El pasado miércoles, Ochoa declaró a diario a periodistas de El Tiempo de Cuenca: “No se pueden violar derechos o burlarse de la creencia de las personas, esos contenidos que publica este medio (Charlie Hebdo) no hubieran podido ser publicados en nuestro país”.

Además de que “la caricatura tiene que ejercerse con respeto a la sociedad y a los derechos de las otras personas”. (I)

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90
Días

Es el tiempo en que la Supercom aspira a acordar con la TV pública y privada que incluya en su programación el lenguaje de señas.