La ciudad estadounidense de Providence (Rhode Island, este) presentó una demanda colectiva por corrupción contra la petrolera brasileña Petrobras, su presidenta y otros ejecutivos de la empresa estatal, según un documento al que accedió este viernes la AFP.

Esta es la primera demanda colectiva en la que la presidenta Graça Foster, el director financiero de la empresa, Almir Barbassa, y otros integrantes de la administración son directamente acusados, precisó el diario O Estado de Sao Paulo.

La demanda de Providence fue elaborada por el gabinete de abogados Labaton Sucharow y presentada en una corte de Nueva York el 24 de diciembre. Acusa también a dos subsidiarias internacionales de Petrobras y a 15 bancos involucrados en la emisión y venta de bonos de la petrolera entre enero de 2010 y noviembre de 2014.

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Los acusados hicieron que los papeles "se cotizaran a precios artificialmente inflados al esconder de manera inapropiada el involucramiento de la compañía y sus efectos en un esquema de sobornos de larga data, a través del cual miles de millones de dólares fueron canalizados hacia ejecutivos de la compañía y otros individuos, mientras los montos pagos fueron escondidos en valores de activos inflados en los resultados de la compañía", señaló el gabinete Labaton Sucharow.

El proceso se suma a otros presentados por fondos de inversión y accionistas individuales contra Petrobras en Estados Unidos, que se quejan de pérdidas en sus ADR (American Depositary Receipts, en este caso recibos de acciones de Petrobras cotizadas en la Bolsa de Nueva York).

Con ésta, ya son por lo menos 11 las demandas colectivas contra Petrobras en Estados Unidos, según el diario O Globo.

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Providence compró entre enero de 2010 y noviembre de 2014 títulos que financian el plan de inversiones de Petrobras, en el marco del fondo de inversión que administra para funcionarios municipales.

Un inmenso esquema de corrupción descubierto en Petrobras este año por la justicia brasileña reveló que un cártel de grandes empresas constructoras pagaban millonarios sobreprecios a cambio de contratos en la petrolera, beneficiando a una red de intermediarios y políticos.

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Un total de 39 personas -incluidos dos exdirectores de Petrobras y altos ejecutivos de constructoras- están siendo procesadas en relación al caso.

Foster y Barbassa niegan haber estado al tanto del esquema de corrupción, que movilizó unos 4.000 millones de dólares en una década, y permanecen en sus cargos a la fecha.

Consultada por la AFP, Petrobras se limitó a indicar que "no ha sido intimada en relación a la acción mencionada". (I)