Se analiza cómo dar estímulo por capturar mercancía ilegal

El Servicio Nacional de Aduana (Senae) está preparando “el programa de incentivos que se va a implementar”, según informó ayer el subdirector de Operaciones, Fabián Soriano.

Esto ante el anuncio del presidente Rafael Correa, en su último enlace sabatino, de que se hará un importante programa de recompensas para denunciar el contrabando y “los agentes aduaneros, policiales y militares, que capturen ese contrabando (veremos los mecanismos legales), para que la mitad de ese contrabando sea una compensación por haber detectado ese cargamento”.

Ese mecanismo sería complementario al incremento de los aranceles a los productos que provengan de los vecinos Colombia y Perú en porcentajes similares a las devaluaciones de sus monedas.

Soriano mencionó que el personal aduanero solo recibe su sueldo de manera mensual por el trabajo desarrollado.

Actualmente 596 efectivos de la Aduana realizan controles aduaneros y 100 interventores se encargan del control posterior de declaraciones aduaneras, inventarios y auditorías, entre otras tareas.

El Senae mantiene el proyecto 1-800 delito, mediante el cual, las personas pueden denunciar cualquier tipo de irregularidad y de comprobarse la veracidad, se otorga una compensación, que puede llegar hasta los $ 20.000.

Aprehendida la mercancía sospechosa es llevada a las bodegas donde es almacenada, y dependiendo de los casos puede ser devuelta, destruida, adjudicada gratuitamente, donada o subastada.

“Actualmente los operativos los podemos hacer solos, pero los hacemos conjuntamente con la Policía (...), también con personal (militar)”, dijo.

El funcionario señaló que el principal rubro que se aprehende en los operativos son los textiles y que por la frontera sur proviene, en mayor medida, el comercio ilegal cuyo origen es peruano o chino.

Para Javier Díaz, presidente de la Asociación de Industriales Textiles (AITE), telas, cobijas, medias, son algunas de las prendas que ingresan de forma ilegal.

El dirigente gremial afirmó que un “perjuicio inmediato” de esa actividad es la reducción de empleos y que a junio del 2013, en el sector habría 125.000 trabajadores, en tanto en junio del 2014, 107.000 empleos.

A juicio de Díaz, son el ámbito más afectado por el comercio ilícito de productos, “pero eso no se corrige con una medida de salvaguardia cambiaria...”

El Gobierno aún no ha pedido a la Secretaría General de la Comunidad Andina (CAN) su pronunciamiento sobre la elevación de los aranceles informó ayer Genaro Baldeón, del ministerio de Comercio (I)