Un déficit en el cumplimiento de los derechos ciudadanos como la participación, el acceso a la información y la rendición de cuentas de las instituciones públicas son los primeros resultados del Índice de Transparencia Pública (ITP) elaborado por el Consejo de Participación Ciudadana (CPC).

El jueves pasado, a propósito del Día Anticorrupción que se recuerda hoy, el organismo hizo pública esta medición.

El documento reveló que en el país hay el 52,4% de transparencia, según entrevistas realizadas a 4.000 personas y 20 entidades que se autoevaluaron.

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¿Qué es lo que se pretende medir? Primero, si la ciudadanía conoce de sus derechos, si los usa y cómo los valora. Y, segundo, si las entidades públicas garantizan derechos como la participación, la rendición de cuentas y acceso a la información, y qué les impide hacerlo, explicó María Verónica Dávalos, coordinadora del ITP.

“Sobre 10 puntos, estamos sobre cinco, nos falta, todavía hay un déficit, y hay que mejorar capacidades institucionales para llegar a ese óptimo del 10%”, reconoció la funcionaria.

Este índice no observará la percepción de la corrupción, sino que espera ayudar a prevenirla transparentando los actos públicos, dijo Dávalos.

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Con este índice, Ecuador quiere marcar distancia del que presenta la ONG Transparencia Internacional (TI), que en un ranking de 175 países, ubicó este año a Ecuador en el puesto 110 en nivel de corrupción.

Este organismo dispone de 500 herramientas para diagnosticar y analizar la corrupción. Una de ellas es la encuesta que mide las percepciones y actitudes de una población, consultando también a los funcionarios públicos y representantes de empresarios.

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El CPC cuestiona esa medición. “La metodología que usan es estándar, por eso es importante que nosotros nos midamos de acuerdo a nuestro contexto político”, dijo Dávalos.

Ruth Hidalgo, directora de la ONG Participación Ciudadana, calificó como “positiva” la idea de hacer ese índice, siempre y cuando sea un organismo externo el que evalúe el estado de la transparencia.

“La iniciativa no es mala, pero en términos de transparencia la información debe provenir de órganos independientes... El problema es que el Consejo es parte del gobierno y es un organismo político”, reflexionó la activista.

El legislador Gabriel Rivera (AP), presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, cree que este índice será útil porque, a su juicio, TI no hace investigaciones objetivas sobre la corrupción.

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