Jóvenes refugiados, con menos acceso a clases

Una de las conclusiones que reporta el informe ‘Más allá de las fronteras: la población colombiana en su proceso de integración urbana en la ciudad de Quito’ determina que casi uno de cada tres menores (28,78%) dentro de este grupo no tiene acceso a la educación básica.

Además indica que casi la mitad (49,30%) no asiste a clases de educación media y el 83,29% de los que están en edad de ir a la universidad se halla marginado del sistema educativo. Concluye que entre las principales causas para la inasistencia a centros educativos están la falta de documentos, la escasez de recursos económicos y las responsabilidades familiares.

El estudio, con datos hasta el 2013, considera 1.856 encuestas a familias colombianas que se encuentran en situación de refugio (reconocidos y solicitantes de asilo), rechazados (inadmitidos o no solicitantes de asilo) y personas en otra situación migratoria, migrantes (personas nacionalizadas, con visa de amparo, otros tipos de visa y tarjeta andina caducada).

De estos tres grupos identifica que la exclusión más acentuada del sistema educativo se daría entre los que pertenecen a la categoría rechazados, las dos terceras partes (63,22%) de tasa de asistencia a educación básica y 26,79% de asistencia en educación media.

Raúl Moscoso, coordinador de la investigación auspiciada por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y del Instituto de la Ciudad, dice que si se logran la regularización y el ideal de la ciudadanía universal que consta en la Constitución, se avanzará en la integración.

Añade que esta población entra en un proceso de supervivencia en los barrios populares y plantea que no se los vea como “los colombianos, sino como los vecinos que tienen los problemas de acceso a la educación, al trabajo, de acceso a derechos”.

Para el representante de Acnur en Ecuador, John Fredrikson, se está creando un problema social por esta falta de integración a este servicio básico, “debido a la existencia de grupos que sí tienen derecho”, pero ven limitadas sus posibilidades de crear su futuro a través de la educación.

El Ministerio de Educación emitió en el 2008 el Acuerdo Ministerial 337 con la meta de educación universal sin importar la nacionalidad, ni la condición migratoria.

Sin embargo, según explicó Érika Ruiz, técnica de inclusión educativa de la Fundación Ambiente y Sociedad (FAS), que acompaña a familias colombianas en este proceso desde hace ocho años, existen dificultades para un acceso efectivo a la educación.

En el 2013 acompañó a 80 familias que no podían inscribir a sus hijos en planteles porque el número de sus visas de refugio, partidas o cédulas colombianas no coincidía con el de la cédula ecuatoriana y el sistema no los reconocía.

El proceso se realizó manualmente, incluso Ruiz tuvo que actuar como representante y prestar su número de cédula a diez jóvenes que no tenían documentos para esta inscripción, previamente identificándose como parte de la Fundación. Este año este procedimiento mejoró y ya lograron conseguir cupo. Señala que acompañó a 90 jóvenes.

Una vez dentro de la institución, los jóvenes enfrentan procesos de discriminación, bullying y maltrato, agrega.

Yonn Urbano, de la Red Nacional de Jóvenes Refugiados Sin Fronteras, vive en el país desde hace nueve años. Relata que la discriminación proviene hasta del profesor y cita el caso de una maestra de su hermano que en clase supuestamente habría aludido a que los colombianos “vienen a robar (porque fue víctima de un asalto) o a hacer cosas malas”, lo cual crea incomodidad en su familiar.

“Los profesores marcan la percepción del grupo frente al niño colombiano”, reseña Ruiz. Al no aplicarse los códigos de convivencia en los colegios, los jóvenes no son incluidos adecuadamente en las instituciones educativas, agrega.

Las instituciones educativas no se encuentran en capacidad de generar condiciones para una convivencia favorable”.Érika Ruiz Técnica de inclusión de la Fundación Ambiente y Sociedad.