La negociación de facturas comerciales electrónicas en el mercado bursátil, cuyo inicio está previsto para el primer trimestre del 2015, podría generar una opción de financiamiento por alrededor de $ 1.000 millones el próximo año para las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes), según Álvaro Troya, asesor del Ministerio Coordinador de Política Económica.

“Esta es la principal apuesta de la Junta de Política y Regulación Monetaria para el 2015 con la vigencia de la Ley de Fortalecimiento y Optimización del sector Bursátil”, sostuvo el funcionario durante su intervención en el Seminario Internacional de Mercado de Valores “Banca de inversión y nuevos productos: OPAS y fondos cotizados", organizado por la Superintendencia de Compañías.

Troya expuso que la mayor parte de las 25 empresas más grandes del país (según el ranking del organismo de control societario), no requieren habitualmente financiamiento interno y las que sí lo demandan, acuden en mayor medida al sistema financiero. Mientras en el mercado de valores tienen deudas insignificantes.

Publicidad

Pago a proveedores

Puntualizó que todo el crédito que dio el sistema financiero privado a las Pymes en el 2013 es mínimo frente a las cuentas por pagar de las grandes empresas del país a sus proveedores. Es decir, mientras las instituciones financieras privadas concedieron $3.264 en préstamos comerciales a las Pymes, las 25 mayores compañías registraron $20 mil millones al año en cuentas por pagar a sus proveedores. 

Es decir, según el funcionario, las grandes empresas tienen esta forma de financiamiento a $0 costo porque pagan sus facturas en uno, dos o tres meses, mientras las pequeñas y medianas tienen dificultades para acceder a la banca privada y muchas no acceden al mercado de valores “porque sus costos son prohibitivos”.

Publicidad

Ante ello, la propuesta oficial es que las facturas electrónicas que emitan las Pymes a las grandes empresas puedan negociarse en el mercado de valores. Según Troya el mecanismo implica que los pequeños y medianos proveedores emiten sus facturas que contendrán un monto (descontado las deducciones y pagos anticipados) y una fecha de pago. Una vez que tienen el compromiso futuro de pago de su comprador (empresa aceptante) van a una casa de valores para que saque este documento a la venta. En función de la calidad crediticia del aceptante se fijará la tasa de interés. Troya explicó que si la empresa deudora es grande, con buen historial crediticio, el interés será muy bajo, pero si el aceptante es menos conocido la tasa de interés será un poco más alta.

El funcionario agregó que la ventaja de esta herramienta es que si el proveedor necesita liquidez inmediata puede obtenerla por esta vía, con un descuento del valor de su factura que será la utilidad que debe obtener quien compre ese papel. Mientras ese comprador tiene la seguridad de que se le pagará en un plazo determinado. El descuento lo fijará el mercado y dependerá de la calidad del ofertante.

Publicidad

Troya identificó como los primeros potenciales interesados en estos papeles a los fondos de inversión.

“Creemos que se pueden hacer correcciones sobre ciertos aspectos legales para facilitar este mecanismo (la negociación de facturas comerciales) ”, dijo Troya, quien puntualizó que el Ministerio Coordinador de Política Económica, las Superintendencias de Compañías y de Control de Poder de Mercado y el Servicio de Rentas Internas (SRI) analizan las normas vigentes.

Incentivos

La expectativa del gobierno es llegar a $15.000 millones en facturas comerciales negociadas mediante mecanismos bursátiles en el 2016 y el próximo año, alcanzar los $1.000 millones, según Troya. El objetivo es que este sistema esté operando en el segundo trimestre del 2015.

Publicidad

La presidenta del directorio de la Bolsa de Valores de Quito, Mónica Villagómez, explicó que el concepto de facturas comerciales negociables está en el mercado desde hace seis años, pero no funcionó por falta de estímulos fiscales y trabas legales, pues antes se necesitaba que la compañía deudora de las facturas acepte la negociación de estos papeles. Con la Ley de Optimización del sector societario y bursátil, vigente desde mayo de este año, se estableció que las deudoras tienen ocho días para autorizar que las facturas comerciales sean negociables. Si no lo hacen se entiende que hay una aceptación tácita. Además se aplicará a las empresas deudoras, el 0,5% de reducción del impuesto a la renta sobre el total de las facturas. Por lo tanto, según Villagómez, las perspectivas para las facturas comerciales son positivas.