Ante la Comisión legislativa que tramita el proyecto de las enmiendas constitucionales, el contralor Carlos Pólit insistió ayer en su rechazo a hacer modificaciones en las actividades de la Contraloría.

De entrada, en su intervención, Pólit manifestó que los cambios propuestos a las competencias de la Contraloría son jurídicamente improcedentes, técnicamente inviables y a la vez limitan gravemente el control de los recursos públicos.

El proyecto de AP propone eliminar del artículo 211 la frase “y la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado” y dejar a la Contraloría como el organismo encargado del control del uso de recursos estatales; y del artículo 212 –que habla de su función de determinar responsabilidad administrativa y civil culposa e indicios de responsabilidad penal, relacionadas con los aspectos– eliminar la frase “y gestiones”.

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Según Pólit, estas enmiendas eliminan la capacidad de la Contraloría para hacer auditorías y análisis de gestión que han servido en muchos casos para que los gobiernos autónomos descentralizados (GAD), instituciones de salud (citando casos en el hospital Carlos Andrade Marín y en el Baca Ortiz) y otras como el Ministerio del Ambiente (refiriéndose a la licencia ambiental en el proyecto minero Mirador) hayan podido mejorar su gestión o servicios.

Hizo énfasis en los GAD, para cuyas autoridades, según dijo días atrás el oficialista Virgilio Hernández, el intento de la Contraloría de valorar la gestión ha significado una intromisión que muchas veces ha sido perjudicial para los intereses de la ciudadanía.

Pólit señaló que el control que hacen los concejales o consejeros es político, no enfocado en el uso de recursos públicos. “Es en los GAD donde más problemas hemos detectado: más de 160 destituciones, incluidos 30 alcaldes y 5 prefectos; 9.283 sanciones administrativas en municipios y empresas municipales”.

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Y ante un supuesto cruce o duplicación de competencias con la Secretaría Nacional de Planificación y otras entidades, para Pólit no tiene nada que ver lo que hace la Senplades con lo que hace la Contraloría, pues esa secretaría es parte de la Función Ejecutiva que tiene que rendir cuentas, por ejemplo, a la Contraloría, que se encarga del control.

Al respecto, Fausto Cayambe (AP) dijo que la Constitución no establece como razón de ser de la Contraloría “la gestión”, que lo que se está planteando es proteger el principio de transparencia, no se topa la responsabilidad de los servidores públicos, el Consejo de Participación tiene como atribución el tema de la corrupción según la Constitución y la Fiscalía es la responsable de la sanción.

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Luis Fernando Torres (PSC-Cambio) coincidió con el contralor en que la Corte Constitucional habría hecho un análisis basado en supuestos y “temores infundados”.

Comparecencias
DEBATES EN COMISIÓN

Auditorías de gestión
El contralor dijo que existen 820 auditorías de gestión, 796 aprobadas, el 10% del resumen total de las auditorías que ha realizado la Contraloría.

Estructura de Defensoría
El defensor del Pueblo, Ramiro Rivadeneira, mostró su desacuerdo con la enmienda que busca su estructura desconcentrada a base de la división territorial judicial. Dijo que esa precisión debe corresponder a la Ley de la Defensoría.

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