México tendrá que indemnizar al consorcio liderado por una empresa china por los costes en los que incurrió para presentarse a la licitación cancelada por el gobierno.

El gobierno adjudicó el contrato del tren de alta velocidad entre la capital y la ciudad de Querétaro —185 kilómetros al noroeste_, por valor de 3.700 millones de dólares, a China Railway Construction Corp. Ltd. después de que todos los demás licitantes se retiraron por considerar que el período de dos meses para la presentación de ofertas era demasiado corto.

Canceló el contrato el 6 de noviembre, dos días después de que medios locales revelaron que la esposa del presidente vive en una casa registrada a nombre de una de las empresas que participa en el consorcio que recibió la obra.

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El secretario de Comunicaciones y Transporte, Gerardo Ruiz Esparza, expresó a través de un comunicado el miércoles por la noche que México tendrá que reembolsarle al consorcio todos los gastos no recuperables en los que ha incurrido durante la licitación ahora cancelada.

Según Ruíz Esparza, el presidente Enrique Peña Nieto tomó la decisión de cancelar la concesión después de una reunión en el Senado de la República, en la que se desacreditó el proceso por "supuestos favoritismos políticos" y para "evitar acciones que pretendieran bloquear la construcción de este gran proyecto".

El gobierno tiene que presentar las bases de una nueva licitación con un plazo de presentación de ofertas más amplio que la anterior antes de que termine noviembre.

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Anunció que a finales de mes se publicarán las bases de una nueva licitación, con características similares a la anterior, salvo que el plazo de presentación de ofertas será mayor.

El comunicado de las autoridades señala también que "se trataba del mejor momento para cancelarla (la adjucación) con el menor coste y riesgo".

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Pero muchos creen que en realidad el mejor momento para replantearse todo el proceso de licitación fue hace varios meses, cuando hasta 13 empresas interesadas en participar solicitaron más tiempo para preparar sus ofertas.

El gobierno ha tenido problemas para explicar cómo la primera dama Angélica Rivera ha llegado a vivir en una casa valorada en 7 millones de dólares registrada a nombre de una compañía que ha ganado contratos importantes del estado de México en la época en la que su esposo era el gobernador.

El portavoz de la presidencia, Eduardo Sánchez, dijo que la compañía le otorgó un crédito a la primera dama para comprar la casa y que lo está pagando con dinero que ganó en el pasado durante su exitosa carrera como actriz de telenovelas.

Rivera explicó que ya disponía de una casa en una parcela contigua y que esa casa la recibió de la mayor cadena de televisión del país, Televisa, como parte de su contrato con la empresa.

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Un ex ministro de relaciones exteriores, Jorge Castañeda escribió el jueves en una columna de opinión que "lo que no sabemos es la razón de estos costosos yerros gubernamentales; el régimen no comparte sus secretos".

Ambas casas fueron adquiridas antes de que Peña Nieto asumiese como presidente en diciembre de 2012. Al igual que sus predecesores, tanto él como su familia residen en una vivienda oficial, denominada "Los Pinos".