Una condena de 25 años de prisión y una multa de 10 mil dólares es la pena impuesta a cada uno de los cuatro acusados por la muerte del fiscal de Jipijapa, Ramón Loor Pincay, ocurrido el 7 de junio del 2013 en esa urbe en el sur de Manabí.

La sentencia de 158 fojas la dictaminaron los jueces del Tribunal Único de Garantías Penales de Manabí, según confirmó Francisco Loor, hijo del funcionario judicial asesinado cuando llegaba a su domicilio.

El hijo del fiscal indicó que la tarde del martes fue notificado a través de correo electrónico de la sentencia, la cual fue señalada en primera instancia el pasado 5 de agosto.

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Los sentenciados como coautores son: Jorge Clímaco C. M., su hijo Jorge Johan C. V., Juan Carlos D. P. y Wilder Anselmo V. Ch. Los tres primeros están detenidos en el centro de privación de libertad de Guayaquil y el último en el Centro de Rehabilitación de Jipijapa.

En una parte de la resolución se indica que el hecho “ha provocado una enorme conmoción nacional e internacional, por lo tanto ha operado en el presente caso la agravante del artículo 30 numeral 1, del Código Penal, esto es que se ejecutó la infracción con alevosía, traición y por precio y, por otro lado, la constitutiva del numeral 11 de la citada norma sustantiva penal. En definitiva, para que el delito de asesinato se configure se necesita de una sola circunstancia, las demás operan como agravantes que impiden la modificación de la pena, como en el presente caso”.

También en la sentencia se pide que, debido a que certificados médicos señalan que a Clímaco C. M. se le ha diagnosticado leucemia mieloide crónica, las autoridades penitenciarias presten la debida colaboración a fin de que reciba la atención médica adecuada.

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La sentencia excluye de sanciones al ciudadano C. R. C. V., quien también permaneció detenido pero luego habría sido declarado inocente.

Loor explicó que con esta sentencia la que ganó es la justicia, pues pese a la sanción ya no podrán revivir a su padre, pero señaló que apelarán la absolución de C. R. C. V., porque alegan que existen méritos suficientes para que el ciudadano sea sentenciado.