Las cámaras de videoseguridad instaladas en taxis y buses han permitido la retención de 500 sospechosos de cometer actos ilícitos, 89 de los cuales permanecen con prisión preventiva y el resto mantienen procesos investigativos.

Esa es una de las cifras entregadas este miércoles por el proyecto Transporte Seguro al evaluar el año de la implementación del sistema de cámaras que han sido colocadas, hasta el momento, en 50.000 unidades de transportación pública.

Juan Torbay, gerente del proyecto, señaló que en total se han atendido 4.000 emergencias que van desde robos, riñas, quebrantos de salud hasta partos, gracias a las cámaras que están conectadas al sistema ECU 911.

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Sin embargo, en las provincias de la Amazonía, y en las ciudades de Tulcán y Loja aún no se implementa este sistema, por lo que a inicios del 2015 empezará la segunda fase del proyecto en la que se espera cubrir las 21.500 unidades faltantes.

Esta segunda fase estará acompañada de mejoras en la resolución de las imágenes que captan las cámaras, en la plataforma informática y en la cobertura informó Torbay, quien añadió que hasta el momento se han invertido 100 millones de dólares en el plan.

También se creará una aplicación para teléfonos celulares para que, ingresando el número de placa del taxi, se obtenga información sobre la legalidad del vehículo y si este tiene los equipos de video vigilancia activos.

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Esto para evitar que sucedan hechos como el acontecido en Guayaquil, el fin de semana pasado, en el que una banda dedicada al secuestro exprés cortó los cables de las cámaras para cometer los delitos sin ser detectados.

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Torbay recordó que en el Código Orgánico Integral Penal se estipulan penas de entre 5 y 7 años para quien manipule las cámaras de seguridad colocadas en el espacio público.