Delincuentes que fueron capturados por la Policía en meses pasados, pero que no recibieron sentencias judiciales, estarían detrás del asalto del camión blindado ocurrido la mañana del miércoles en la vía Quito-Lago Agrio.

El anuncio lo hizo ayer en rueda de prensa el ministro del Interior, José Serrano, quien dijo que no se trata de una nueva banda criminal, sino de la reagrupación de una que ya existía, según las primeras investigaciones de la Policía.

Ayer surgieron nuevos datos del violento asalto en el que se hizo explotar uno de los blindados para sacar los $ 3,7 millones que eran transportados, por ocho custodios, a las agencias del Banco Pichincha de Napo, en la Amazonía.

Publicidad

Por ejemplo, que entre el armamento que usaban los delincuentes están un fusil Max con capacidad para derribar aeronaves y dos fusiles FAL, uno con identificativo del Ejército peruano y otro de las Fuerzas Armadas ecuatorianas.

Tras conocerse del robo, los policías de la UPC El Reventador, a 180 kilómetros de Quito, realizaron un cerco para frenar la huida de los asaltantes que llegaron disparando una de las armas de grueso calibre cuyas municiones impactaron en dos patrulleros, uno de ellos quedó inutilizable.

Producto de la acción policial, con la ayuda de los militares, se capturó a Luis Misael C. A., que tiene antecedentes por robo calificado en 2002 y Jhony Gustavo C. P., alias el Comando, quien registra cinco detenciones por el mismo delito, la última en 2012.

Publicidad

Durante la audiencia de flagrancias que se hizo en Sucumbíos se dictó prisión preventiva contra los dos por el presunto delito de robo agravado, en el que murió uno de los guardias, producto de la onda expansiva de la explosión, según se determinó en la autopsia.

Serrano cuestionó ayer que la empresa Vaserum, que transportaba los valores, haya llevado por tierra la millonaria cantidad de dinero sin haber avisado a la Policía para establecer un operativo especial.

Publicidad

Al respecto, Osvaldo Domínguez, gerente de Vaserum, dijo que la empresa cumplió los protocolos de seguridad y que no existe un acuerdo entre las autoridades y la compañía de traslado de valores para anunciar o requerir la custodia.

“Asumo la responsabilidad de haber planificado un operativo pensando que mi tripulación circulaba en un país donde no era posible una amenaza del volumen y la salvajada que hubo”, dijo Domínguez.

El Ministerio del Interior anunció que de hoy en adelante se exigirá a las empresas de seguridad que los GPS de los blindados estén conectados a la Policía Nacional y que se instalen cámaras de seguridad en el interior del vehículo y en la parte externa, para realizar un monitoreo constante durante el traslado.