El tributo a la plusvalía se pagaría sobre la diferencia entre el precio de venta del bien y la suma del valor de compra, las mejoras realizadas por el propietario, la tasa de interés pasiva y la inflación

Ese es el cálculo que hace el presidente de la Comisión de Gobiernos Autónomos Descentralizados de la Asamblea, Richard Calderón (AP).

La mesa tramita el proyecto de Ley de Uso del Suelo, pero todavía no existe un informe para primer debate.

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Calderón informó que a esa definición se llegó la semana pasada, luego de una reunión en la Presidencia de la República entre algunas autoridades del Ejecutivo y asambleístas de Alianza PAIS (AP).

El asambleísta señaló que lo que resta por definir es la fórmula para la aplicación de este tributo, para lo cual se están realizando “corridos financieros”, que toman como ejemplos los casos de ciertas ciudades para conocer cuánto pagan los ciudadanos con los datos que existen actualmente.

El cobro de la plusvalía se mantendría en los municipios (como es en la ley actual), y según Calderón, si existen obras del Gobierno central, se vería la posibilidad de agregar un valor por concepto de “contribución especial de mejora”.

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El tributo consta en el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial (Cootad). Su posible inclusión en el proyecto de la Ley de Uso del Suelo implicaría una reforma al Cootad.

El próximo jueves hay una reunión entre asambleístas y autoridades del Ejecutivo para analizar la fórmula y definir si la Ley de Uso del Suelo es parte de un Código, así como también la Ley de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales.

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Esto, en atención al anuncio que hizo el presidente Rafael Correa en su último enlace.

Correa reiteró que el objetivo es “reducir las fuentes ilegítimas de riqueza”, según publicó el diario estatal El Ciudadano.

Dicho medio recogió que el jefe de Estado manifestó que había que “resolver este problema”, pues ciertas personas se benefician de ganancias por mejoras que hicieron terceros.

La plusvalía no se elimina, se aplica. En el Cootad no está claro, la idea sería tener una fórmula clara para que el Estado solicite una retribución por la utilidad extraordinaria”.Richard Calderón, asambleísta