La Constitución cumplirá mañana seis años en medio de una deuda legal y la sombra de retrasos en materia legislativa.

Los asambleístas de Alianza PAIS (AP) se justifican con varios argumentos, mientras que los de la oposición los responsabilizan. En cambio, del lado de la sociedad civil se concluye que esta situación perjudica a los ecuatorianos en general.

La primera transitoria de la Carta Magna dispuso la aprobación de 20 normas en dos plazos: 120 y 360 días contados desde su vigencia. Es decir, desde el 20 de octubre del 2008.

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El primer grupo incluía las leyes sobre el régimen de soberanía alimentaria, electoral, Función Judicial, Consejo de la Judicatura y Consejo de Participación Ciudadana.

El segundo, control constitucional, recursos hídricos, participación ciudadana, comunicación, educación, educación superior, cultura, deporte, servicio público, defensoría pública, registro de datos, descentralización territorial, penal, procedimiento penal en materia militar y policial, y seguridad pública y del Estado.

De este último conglomerado, la Ley de Cultura todavía está pendiente; y del total, solo 5, según los oficialistas, fueron aprobadas acorde a los plazos.

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El resto se expidió con demora con relación al tope constitucional, que expiró a mediados de octubre del 2009.

Las leyes con más de un año de retraso fueron la de educación intercultural, comunicación, penal y recursos hídricos (conocida como de aguas).

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El trámite de estas demandó varias sesiones en el pleno legislativo, y generó expresiones de rechazo y apoyo en diversos sectores de la sociedad.

Los de AP apuntan a varios motivos para explicar el cumplimiento de la transitoria.

Jaime Abril, exlegislador durante el denominado ‘Congresillo’ y la Asamblea del 2009-2013, alega que la vigencia de la Constitución marcó una nueva institucionalidad para el país.

Se dispuso la renovación de autoridades públicas, elecciones en todos los niveles de gobierno, la creación de organismos, entre otras medidas.

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Tiempos cortos

Gina Godoy, asambleísta desde la Constituyente de Montecristi y hasta la fecha, recuerda que “el trabajo se acumuló”, por lo que los tiempos de la transitoria resultaron “cortos”.

Su coideario Abril agrega que desde un inicio se buscó legislar con “participación ciudadana”, y que para proyectos como el de aguas, la Carta Magna establecía una consulta prelegislativa.

Al respecto, la presidenta de la actual Asamblea, Gabriela Rivadeneira (AP), acusó esta semana a “ciertos políticos enquistados en las organizaciones sociales” de haber ‘paralizado’ la norma durante cuatro años.

Pero algunos asambleístas de oposición responsabilizan a AP por “la violación” a la Constitución desde su vigencia, dicen.

Cynthia Viteri (PSC) y Gilmar Gutiérrez (SP) coinciden en que el ritmo de trabajo de la Asamblea ha estado sujeto a “las órdenes” del presidente de la República, Rafael Correa.

Citan como ejemplo que el ‘Congresillo’ priorizó ciertas leyes que él envió como urgentes, antes que las de la transitoria.

El director del Observatorio Legislativo, Marcelo Espinel, considera que la Asamblea ha irrespetado su propia agenda, en varias ocasiones, “por situaciones político-electorales”.

Afirma que esto “afecta al ciudadano”, pues la agenda debería ser como una herramienta para alentar la participación.