Siete de las veinte leyes que la Constitución estableció como ‘urgentes’ de aprobación, en su primera transitoria, fueron reformadas después de su promulgación.

Otras tres son revisadas en comisiones legislativas, ante la posibilidad de modificarlas.

Las normas sobre la Función Judicial, lo electoral, soberanía alimentaria, Consejo de Participación Ciudadana, seguridad pública y del Estado, participación ciudadana y organización territorial fueron reformadas entre uno y cinco años después de su aprobación.

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Los proyectos reformatorios refieren en su exposición de motivos la necesidad de “armonizar” uno o varios aspectos de la ley con la Constitución del 2008, o “garantizar” el ejercicio de derechos.

Desde la oposición se interpretan estos cambios como una consecuencia de la forma de legislar del oficialismo.

El asambleísta Gilmar Gutiérrez (SP) afirma que el Legislativo “depende totalmente del presidente (Rafael Correa)”.

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Dice que, por ejemplo, la Ley de Seguridad Pública fue reformada (este año), luego del pedido de Correa para que las Fuerzas Armadas apoyen la labor de la Policía.

Gina Godoy (AP) sostiene que algunos proyectos aprobados en el periodo legislativo 2009-2013 registran “inconsistencias” u “omisiones” porque se los aprobó tras “hacer concesiones” con la oposición.

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Ella remarca que entonces AP no tenía la mayoría de ahora; y así justifica los posibles cambios al Código Penal, una de las leyes en revisión.

Las otras dos son las de Educación Intercultural y Superior. Ambas, según Raúl Abad (AP), tendrían falencias que solo pueden evaluarse con el tiempo y su aplicación.