Luego de seis años al frente de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH), la colombiana Catalina Botero deja su cargo hoy. El relevo le corresponde al abogado y periodista uruguayo Édison Lanza. En entrevista con este Diario, vía correo electrónico, evalúa brevemente su gestión, que incomodó a ciertos gobiernos –como el de Rafael Correa– por sus observaciones sobre el abuso de poder y la restricción de las libertades.

Pregunta: ¿Qué es lo más destacado del camino avanzado por la Relatoría y cuál es el principal desafío que queda?
Respuesta: Los avances en materia de acceso a la información y la mayor aplicación por parte de los jueces y legisladores de los estándares interamericanos sobre libertad de expresión son dos grandes avances. Desafíos hay muchos, pero dos importantes son la violencia y las políticas que deliberadamente debilitan las garantías.

P: Su relación con los países de la ALBA no fue buena. ¿Cree que es aún posible lograr su respaldo en lugar de críticas?
R: Cada Estado ha reaccionado distinto a los informes. Nuestra finalidad, con todos los Estados, es justamente lograr lo que usted menciona, sin debilitar la oficina o dejar de hacer nuestro trabajo. Felizmente en la mayoría de los Estados lo hemos logrado.

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P: ¿Cómo se originan sus diferencias con el gobierno de Rafael Correa sobre los temas de libertad de expresión?
R: Me parece que se presentan de manera más clara cuando cuestionamos la aplicación de la ley penal en contra de la jurisprudencia y la doctrina interamericana.

P: A usted nunca le gustó la Ley Orgánica de Comunicación ecuatoriana (LOC); sin embargo, hay países donde las condiciones para hacer periodismo son más graves...
R: Hay problemáticas distintas. Hay países con una enorme violencia usualmente generada por el crimen organizado. En otros países, como en Ecuador, lo que existen son leyes en exceso restrictivas como la Ley de Comunicación.

P: ¿Cómo evalúa la aplicación de esa ley en este año?
R: El caso de Bonil (caricaturista de EL UNIVERSO, sancionado por la Superintendencia de Comunicación por uno de sus dibujos) ilustra su pregunta. Una autoridad administrativa, elegida de una lista elaborada por el presidente (Rafael Correa), que no cuenta con garantías suficientes de imparcialidad e independencia, ordena rectificar una caricatura, que según el primer mandatario ofende al Estado, y condena al diario a una cuantiosa multa por no haberla censurado. Lamentablemente, no se trata de una excepción, sino de una regla de comportamiento.

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P: La Corte Constitucional no aceptó las demandas de inconstitucionalidad de la Ley de Comunicación, ¿qué vía les queda a los demandantes?
R: Si se produce una aplicación de cualquier ley que viola un derecho humano fundamental, las personas deben acudir primero a las instancias internas. Si no encuentran respuesta, los estados crearon foros internacionales como el Sistema Interamericano o el de Naciones Unidas. Eso es parte del sistema institucional de protección de las personas en las democracias modernas.

P: El Gobierno está planteando reformar la Constitución para que la comunicación sea considerada como un servicio público. ¿Qué implicaciones tiene esto?
R: Lo dijimos en la carta enviada al Estado por la Ley de Comunicación. El derecho a expresar informaciones, ideas o pensamientos, por cualquier medio, es un derecho fundamental, cuyas restricciones son excepcionales. No es un servicio público respecto del cual el gobierno está autorizado a intervenir para garantizar, por ejemplo, su calidad. Ningún gobierno está autorizado para “controlar” la calidad de las ideas o pensamientos de la gente y la manera de comunicarlas. Eso invierte completamente el orden de las cosas en una democracia.

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P: Y ahora, ¿adónde irá usted?
R: Donde pueda ejercer de mejor manera el derecho como instrumento de defensa contra la arbitrariedad.

P: ¿Qué garantiza la continuidad de la Relatoría?
R: La oficina goza de una extraordinaria salud, es un referente regional. Además, la Comisión eligió a (Édison) Lanza quien, estoy segura, será un muy buen relator.

La comunicación no es un servicio público respecto del cual el gobierno está autorizado a intervenir... Ningún gobierno está autorizado para ‘controlar’ la calidad de las ideas... y la manera de comunicarlas”.Catalina Botero Relatora saliente