Ante el fallo de la Corte Constitucional  (CC) sobre la Ley Orgánica de Comunicación (LOC), Enrique Herrería, abogado de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (Aedep), no descartó este miércoles acudir a instancias internacionales de derechos humanos.

Instó a los otros dos demandantes a unirse para acudir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde espera solicitar una medida cautelar que deje sin efecto la Ley y el fallo; así como ir a la Organización de las Naciones Unidas, al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, a la Relatoría sobre Libertad de Expresión, y a los centros académicos de los derechos humanos del mundo entero.

Herrería recomendó, a los demandantes que esperan presentar recursos de aclaración sobre el fallo, "que nos quedemos como está, con este mamotreto que no tiene ningún valor jurídico ni académico para poder recurrir de manera inmediata a las instancias internacionales", porque podría ocurrir que no lo resuelvan, dijo al cuestionar a un par de jueces de la CC, de quienes esperaba al menos su voto salvado.

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Con la ley, el Estado podría regular el ambiente administrativo de cada una de las empresas de comunicación con los consiguientes resultados como la quiebra de los medios de comunicación que, según él, se está impulsando desde el Gobierno con la presente normativa, dijo el abogado de la Aedep, en entrevista con el noticiero de Ecuavisa.

La Corte Constitucional (CC) desechó, el pasado 18 de septiembre, las demandas de inconstitucionalidad presentadas por distintos actores en contra de algunos artículos de la Ley de Comunicación. Ese día, solo uno de los jueces no votó pues se encontraba fuera del país por razones de salud.

Artículos cuestionados

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Tras negar, la CC declaró además la inconstitucionalidad de dos artículos, sustituyendo, en un caso, e incorporando en el otro una frase aclaratoria. Respecto a un tercero declaró constitucionalidad condicionada.

Herrería consideró grave el artículo 5 y 71 de la Ley Orgánica de Comunicación, que tiene relación con el primero de la propia normativa que dice "que el Estado regulará el derecho a la comunicación en la vía administrativa", algo que para él significa que el Estado no va a garantizar el derecho a la Constitución, como es su deber, sino que lo va a regular.

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Además, el párrafo segundo del artículo 314 de la Constitución, dice que los principios que informan al ejercicio de los servicios públicos son algunos, de manera particular el de uniformidad, lo que apunta a que desde el Gobierno Nacional se intente uniformar la información del país, indicó.