El Tribunal de la Sala Penal de la Corte Provincial de Pichincha, presidido por Marco Maldonado, resolvió ayer desestimar los recursos de apelación presentados por dos procesados y ratificar el estado de inocencia de otros dos en el caso relacionado con el jefe de Estado y su hermano Fabricio Correa, quien mantuvo contratos con instituciones estatales.

Los procesados Gerardo Portilla Terán, Pablo Chambers Mejía, Víctor Hugo Hidalgo y José Quishpe Imbaquingo integraron una veeduría ciudadana, solicitada por el propio presidente Rafael Correa, para investigar los contratos que su hermano mantenía con el Estado.

El resultado final fue indicar que el mandatario sí conocía de esas negociaciones, conclusión que lo motivó a él a presentar una demanda en contra de los veedores. A Hidalgo y Quishpe, la sala le negó ayer las medidas cautelares solicitadas porque “sí están determinadas y resueltas en la sentencia” anterior dictada por el Octavo Tribunal Penal de Pichincha.

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Mientras, a Portilla y Chambers les desestimó los recursos de apelación propuestos “porque (los implicados) no observaron las exigencias previstas en el reglamento respectivo, de presentar a la autoridad correspondiente (el informe) y guardar la reserva necesaria”.

Además porque en la conclusión del documento los procesados afirmaron que Correa sí conocía de la suscripción de los contratos de su hermano, sin tener las justificación del caso.