La posibilidad de que la inscripción consular se convierta en un medio para que los inmigrantes no paguen una tasa de $ 42 por cada envío de paquetería que realicen a través de empresas de courier no convence a las asociaciones que representan al colectivo en España. Fue el presidente Rafael Correa quien en su último enlace sabatino descartó el empadronamiento electoral como una fórmula para probar su estatus de migrantes y "continuar enviando sus encomiendas" exentos del arancel; pero, habló de la inscripción consular.

No es obligatorio que el migrante se registre en los consulados. En España, sin embargo, el documento es un requisito para solicitar el permiso de residencia y trabajo e iniciar los trámites para la obtención de la nacionalidad. "Desde julio del 2012, si una persona efectúa alguna gestión en las dependencias consulares queda automáticamente inscrito en el sistema", explica Gustavo Mateus, cónsul en Madrid. En caso de requerir el certificado debe pagar 10,50 euros.

"Casi nadie guarda ese papel de la inscripción consular. Habría que sacarlo, se saturarían los consulados y aparte el Estado quiere embolsarse más dinero a nuestra costa cobrando por el documento", señala Aída Quinatoa, presidenta de la Coordinadora Nacional de Ecuatorianos en España.

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Para Vladimir Paspuel, líder de la Asociación Rumiñahui, "bastaría con asignar un código de barras al documento de identificación por parte de las empresas de encomiendas para que se compruebe quienes están enviando. Es fácil detectar quien defrauda". En su óptica, si el Gobierno se decanta por la opción de la inscripción consular "deberían enviar el documento al domicilio del migrante y ser gratuito".

A partir del 8 de octubre, entrarán en vigor las nuevas reglas del sistema de importación que sustituyen al modelo 4x4, que permitía importar, sin pagar impuestos, hasta 4 kilos por un monto de hasta USD 400. Desde ese día, se impondrá una tasa de USD 42 por cada paquete y un cupo anual de importación de 1.200 en hasta cinco envíos.