La falta de competencia de los jueces y la violación de trámite fueron los principales argumentos de la defensa de ocho de los nueve procesados en el caso que investiga un supuesto delito de lesa humanidad en el que se habrían registrado torturas, desaparición forzada y violencia sexual contra tres exmiembros del extinto grupo Alfaro Vive Carajo (AVC).

Ellos son Susana Cajas, Luis Vaca y Javier Jarrín. Los hechos denunciados habrían ocurrido en noviembre de 1985.

Esto fue expuesto ayer por los abogados durante la audiencia de nulidad y apelación al auto de llamamiento a juicio, que se instaló en la Sala Penal de la Corte Nacional de justicia (CNJ) y que estuvo presidida por el juez Vicente Robalino.

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En la diligencia, el fiscal general Galo Chiriboga recordó que la Corte Constitucional prohibió la presentación del recurso de apelación en los autos de llamado a juicio.

La defensa de siete procesados planteó el recurso de nulidad, mientras que un octavo apeló la resolución que emitió la jueza nacional Lucy Blacio, quien convocó a juicio a nueve exoficiales de la Policía Nacional.

Según la Fiscalía, el 1 de octubre próximo podría caducar las órdenes de prisión preventiva y de arresto domiciliario que pesa en contra de siete procesados, porque transcurrió un año sin que se instale la audiencia de juicio.

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“Ese es un derecho que tienen los ecuatorianos si no se ha instalado la audiencia de juzgamiento, durante el año que haya restricción a su libertad, incluso en el caso de los generales que tienen arresto domiciliarios, que es una limitación a la libertad de la movilidad; por tanto, si no se da esa audiencia de juzgamiento, operaría la caducidad de la restricción a su movilidad”, dijo el fiscal.