Trece años después del inicio de las fumigaciones con glifosato para erradicar las plantaciones de hoja de coca en la frontera entre Ecuador y Colombia, la discusión ya no se centra en los daños a la salud y a la agricultura que habría dejado este químico sino en la ‘pelea’ de miles de habitantes de ese sector que buscan acceder a indemnizaciones económicas.

¿De dónde? De los $ 15 millones que el país vecino se comprometió a entregar a Ecuador el año pasado tras llegar a un acuerdo para solucionar por vías diplomáticas la demanda que el país presentó en el 2007 en la Corte de Justicia de La Haya, por supuestos efectos nocivos de las aspersiones.

El documento, suscrito por los cancilleres de Ecuador y Colombia, Ricardo Patiño y María Ángela Holguín, en su orden, cita que el vecino del norte daría una contribución para el desarrollo social y económico. El desembolso debía realizarse dentro de los 90 días siguientes. Doce meses después, según los dirigentes de la zona fronteriza, el dinero no ha llegado.

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Joaquín Vina vive en Chone 1, comunidad de Sucumbíos ubicada a unos cuatro kilómetros de la frontera con Colombia. Tiene nueve hijos y tres nietos a quienes mantiene con la venta de víveres.

Se quedó “sin caballos, ni vacas, ni sembríos”, contó él, mostrando lo poco que queda de sus cultivos “quemados”.

La suya junto con otras 4.800 familias forman parte de un listado elaborado por la Federación de Organizaciones Campesinas del Cordón Fronterizo de Sucumbíos (Forcofes), para determinar a los beneficiarios del dinero colombiano. El gremio representa a la Asociación de Campesinos Tobar Donoso (Carchi) y al gobierno parroquial de Mataje (Esmeraldas).

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Daniel Alarcón, presidente de la Federación, señaló que este se preparó por iniciativa de las comunidades, con el aval de la Cancillería ecuatoriana.

Sin embargo, esta anunció la semana pasada que no utilizarán esa nómina y que sus propios funcionarios visitarán la frontera para levantar otra vez un registro de afectados.

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Según Alarcón, les han pedido que muestren certificados de propiedad de las tierras y de salud. Y les anunciaron que accederían al dinero solo los cabezas de familia, no sus hijos.

“Nosotros, los que hemos sido afectados, somos quienes debemos poner las bases, no Cancillería que no sabe ni dónde estamos ubicados. ¿Qué? ¿Es una tomadura de pelo o es una burla?”, preguntó Alarcón a un centenar de afectados que se reunieron el sábado pasado en Nueva Loja (Sucumbíos).

En una entrevista televisiva, el canciller Ricardo Patiño afirmó que la población recibirá el dinero en pocas semanas.

“Estén seguros y confíen en que su gobierno los va a seguir protegiendo, no va a pasar ninguna cosa irregular”, expresó.

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En medio de esta polémica, otro grupo de fronterizos que plantearon una demanda particular en el 2001 contra la transnacional DynCorp contratada por Colombia para fumigar, recibieron la semana pasada una noticia que creen alentadora.

Eric Hager, abogado de la firma Conrad & Scherer, se movilizó hasta Lago Agrio para informarles que tras trece años de espera obtuvieron una “victoria parcial”: una Corte de Apelaciones de Washington envió el caso –que había sido archivado– a una Corte de Primera Instancia, con lo que reactivó el juicio por $ 3.000 millones.

Según Hager, de las 3.000 personas que firmaron la demanda, actualmente quedan 2.000 activas, estas deberán esperar “algunos años más” por un resultado favorable.