Más que meter en la cárcel a los presuntos autores de la estafa del caso Publi-Fast, cientos de denunciantes quieren que se les reparen los daños ocasionados, según su abogado Hernán Ulloa, que defiende a unos 800 de más de 4.000 perjudicados.

Los afectados estarían conformes con que la Fiscalía haya pedido audiencia de formulación de cargos e inicio de la instrucción fiscal contra siete sospechosos. Un juez tendrá que señalar fecha y hora para dicha diligencia.

“Nuestra prioridad como defensa es que los perjudicados dejen de serlo y cómo se logra esto, con una reparación integral del perjuicio económico... (Afectados) me han manifestado que no es la motivación de ellos ver a nadie en la cárcel, quieren recuperar sus valores”, expresó ayer Ulloa.

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No obstante, la Fiscalía seguirá de oficio el proceso por la presunta estafa, luego de tres meses de investigación (indagación previa) para abrir la instrucción fiscal.

Siete son los llamados por la Fiscalía para la audiencia de formulación de cargos, entre ellos, el dueño de Publi-Fast, Luis C.; su mamá, Miguela C. M., y su padrastro, Joel M. A.

También está el presentador de TV Roberto A. L., Jaime G. B.; María O. L. y Patricia O. L. Publi-Fast tuvo más de 100.000 afiliados, quienes invirtieron montos superiores a los $ 100.