La Comisión de Derechos de los Trabajadores de la Asamblea escuchó a representantes de 13 de los 17 fondos previsionales que fueron citados para que den sus observaciones al proyecto de ley que busca trasladar su administración al Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess).

Mientras unos se mostraron en desacuerdo con el fin de la normativa, otros dijeron que están a favor por los problemas de las actuales administraciones. Un criterio en común fue que se consulte a los partícipes de cada fondo sobre quién quiere que los administre.

Fernando Gándara, del Fondo de los Funcionarios Judiciales, aclaró que los $ 14 millones provenientes del Estado que existen en este no fueron entregados directamente, sino a las personas a través de partidas presupuestarias y la mayoría ya han salido. Aseguró que el aporte ha sido voluntario

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Ney Mora, del Fondo de la Universidad Técnica del Norte, dijo que este tiene $ 4’670.000 y de esos, $ 4’266.000 están en créditos y unos $ 735.000 es dinero del Estado; que los aportes han sido voluntarios y que le parece improcedente que la administración pase al Biess cuando se ha cumplido con todas la regulaciones.

Sobre el Fondo de Cesantía del Magisterio, Mariana Lozano, de la Asociación de Rectores de Colegios Fiscales de Pichincha, indicó que como socios deberían recibir informes de cómo se están manejando esos recursos; que jamás han tenido acceso a préstamos y peor a vivienda y que por eso están de acuerdo con la normativa.

Además, Remigio Hurtado, de la Confederación Nacional de Servidores, dijo que de los 146.000 servidores educativos, 100.000 pertenecen al Fondo del Magisterio; de esos, el 30% son activos. Y pide que, si se hace consulta, que sea responsabilidad de la Asamblea o el Ministerio de Educación.

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Algunos administradores de fondos mencionaron la palabra ‘confiscación’. El presidente encargado de la Comisión, Ángel Rivero (AP), insistió en que en la Comisión nadie ha hablado de eso, pero Andrés Páez (CREO) agregó que sí se trata de esa figura porque se quiere cambiar la administración de recursos privados en contra de la voluntad de los dueños.